El pasado 3 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. Esta nueva normativa recoge el derecho de las víctimas de violencia de género a la asistencia y protección, a la vez que regula una serie de medidas para detectar violencia sexual y ayudas económicas y sociales para las víctimas.

El anteproyecto de Ley comienza su exposición de motivos alegando la histórica existencia de una sociedad patriarcal donde la mujer ha sufrido la obstaculización de su derecho a la capacidad de decisión propia y en las relaciones laborales, muchas veces por medio de la violencia, tanto física como mental. Esta introducción precede al tema sobre el que va a versar la propia Ley, la violencia sexual, entendida no solo como una cuestión individual, sino también social ya que además de los daños que sufre de forma individual la víctima, existe una repercusión colectiva de inseguridad y miedo por el género.

La propia exposición de motivos, en su segunda parte, hace referencia a todos aquellos tratados internacionales ratificados por España sobre la violencia sobre la mujer, además de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que promueve alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres.

A continuación, el anteproyecto recoge en su articulado medidas de prevención y sensibilización, formación en diversas áreas de la sociedad para el conocimiento de la libertad sexual y de la imposibilidad de vulnerarla, derecho a la asistencia integral especializada para la víctima, derecho a la información y a la atención integral de la víctima entre muchos otros aspectos.

La aplicación de esta nueva normativa se hará, sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, en los casos de violencias sexuales entendidos como cualquier tipo de acto sexual que no haya sido consentido por la mujer. Se entenderá que habrá falta de consentimiento cuando la víctima no lo haya manifestado de manera libre por actos exteriorizados y concluyentes.

Esta concepción del consentimiento expreso da lugar a una modificación esencial del Código Penal en lo que se refiere al consentimiento en las relaciones sexuales. Hasta el momento, era necesario que la mujer probase que había existido violencia, intimidación o, por el contrario, consentimiento. Sin embargo, en el supuesto de que esta Ley se apruebe, la mujer únicamente deberá demostrar la falta de consentimiento.

Además de esta reforma en el Código Penal, otra modificación esencial, en el caso de aprobarse la Ley, va a ser la desaparición del delito de abuso sexual para existir únicamente el de agresión sexual.

 

Frente a esta novedad, han surgido diversas opiniones entre los expertos del tema. Algunos consideran que, estimando todo acto de violencia sexual como agresión sexual, desaparece la conducta de agresividad puesto que todo acto se recoge en el mismo saco, dando lugar a una definición genérica que no permite distinguir entre actos donde haya concurrido violencia sobre la víctima o, por ejemplo, actos de engaño.

Además, otros expertos sobre la materia inciden sobre la dificultad que tendría la puesta en funcionamiento del nuevo concepto de consentimiento, que debe ser expreso e inequívoco por parte de la mujer, ya que dará lugar a diversos problemas a la hora de demostrarse, así como posibles injusticias.

Por otro lado, los expertos quieren resaltar que la vigente normativa condena cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento, ya que el proyecto de Ley da a entender que hasta ese momento no se había condenado dicha conducta, induciendo a un claro error en el mensaje.

En definitiva, esta nueva Ley, en el caso de aprobarse y promulgarse, introduciría importantes modificaciones en el Código Penal, desde lo que se entiende hasta ahora por consentimiento, hasta la supresión de abuso sexual convirtiendo todo tipo de delito de esta índole en agresión sexual. Frente a estas modificaciones, los expertos en la materia consideran que la aplicación puede ser realmente dificultosa, tanto en lo que respecta a la prueba del consentimiento como en la valoración del delito dentro del concepto de la agresión.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:
  • Anteproyecto De Ley Orgánica de Garantía Integral De La Libertad Sexual.
  • Arroyo Zapatero, L.; Berdugo Gómez de la Torre, I. y otros (2016). Curso de Derecho penal. Parte general. Barcelona: Ediciones Experiencia.
  • Roig Torres, Margarita (2014). Tratamiento penal de la delincuencia sexual. Barcelona: Editorial Tirant Lo Blanch.

 

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1 Comentario

  1. Estupendo análisis.
    Puedo estar equivocado pero este anteproyecto, si no es lijado en su fase parlamentaria, se me antoja,cuanto menos, difícil de llevar a cabo en su vertiente procesal, tanto en en la fase de instrucción, y más aún en la práctica de la prueba del juicio oral.
    Y desde mi punto de vista el error parte de querer crear un reproche penal basada en una exposición de motivos de esta Ley basada en un revisionismo histórico sesgado y una motivación completamente ideologizada. Muchas gracias

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