Resulta utópico pensar que un criminólogo pueda formar parte de un Corporate Defense, pues no suele ser un perfil requerido a la hora de encomendar la elaboración, implementación y seguimiento de un Compliance program o Modelo de prevención de delitos (MPD) para empresas. Pero ¿se está en lo cierto?

Es en 1939 cuando, en manos de Edwin H. Sutherland, aparecen las primeras teorías criminológicas sobre el corporate crime o delito corporativo. Ésta sostiene la idea de que la condición gremial de la persona jurídica es la causa misma de la conducta violenta, relegando así de otros factores criminógenos como los individuales o sociales del propio sujeto motivado. Será a partir de Sutherland cuando aparezcan otras teorías para dar explicación al fenómeno delictivo empresarial: la asociación diferencial de Sutherland, la elección racional de Jeremy Bentham y la falta de autocontrol de Gottefredson y Hirschi, entre otras.

¿Cómo puede, entonces, un MPD de una empresa detectar las causas que desencadenan la acción delictiva (cometida en el seno de ésta) y la posterior elaboración de estrategias de prevención? Basándonos en la ciencia criminológica, resulta crucial compensar los factores criminógenos que procedan de la corporación, como por ejemplo el espíritu criminal de grupo, el entorno competitivo del mercado o el capitalismo financiero.

Es a finales del 2010 cuando se introducía por primera vez en el Código Penal español la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero no es hasta la reforma del 2015 con la modificación del artículo 31 bis cuando se pondera esta figura jurídica.

En los art. 31 bis 2., 3., 4. y 5. del Código Penal se prevé la eximente de responsabilidad penal para la persona jurídica, que resulta de la implantación de un MPD, cuya función es asegurar el respeto a la ley dentro de la empresa, y muy especialmente, prevenir y descubrir las conductas ilícitas que puedan realizar sus directivos y empleados (Nieto Martín et.al, p.50, 2015). 

Escándalos protagonizados por agentes emblemáticos como el Club Atlético Osasuna, por el presunto pacto sobre el resultado de ciertos partidos de cierre de la temporada 2012-13, ponen de manifiesto dicha responsabilidad, expandiendo así tal preocupación que surge de forma generalizada la necesidad de contar con un mayor número de profesionales para ejercer la función de Compliance Officers.

A pesar de ser la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, la guía de valoración de eficacia de los planes de cumplimiento normativo en las empresas, no se estipula ni en ésta ni en cualquier otra disposición cuáles deben ser los conocimientos y cualidades del agente de cumplimiento. 

A pesar de la falta de este precepto, sí resulta primordial disponer de un adecuado análisis técnico como estrategia de prevención y resolución de conflictos, cuya elaboración debe proceder de aquel profesional capaz de detectar los riesgos existentes en la organización: estos suelen darse cuando un potencial delincuente motivado y la falta de medios de control debidamente dispuestos convergen en tiempo y espacio. 

El principio de última ratio del Derecho penal suele actuar de forma desproporcionada en el interior de la empresa, justificando así en ocasiones la no intervención ante injustos de bagatela (Agustina, p.354, 2010), por lo que no basta haber nombrado como encargado de cumplimiento a un empleado cualquiera para conseguir la eximente penal.

Por ello, el estudio y análisis del criminólogo sobre el fenómeno delincuencial de una empresa ofrece, desde un enfoque complementario de las herramientas penales, además de una visión teórica, una lógica operativa de actuación. Considerando que el modus operandi de cada organización es único y versátil según la relación y convivencia de las personas adheridas a la misma, el análisis criminológico permite localizar y cuantificar los factores que predisponen las conductas antisociales y su posterior política empresarial de prevención más efectiva.

Artículo anteriorEL VALOR DE LA VIDA ANIMAL SEGÚN EL CÓDIGO PENAL.
Artículo siguienteLa Paz en Macondo
Noemí Baño
Criminóloga y Perito Judicial en Microexpresiones. Criminóloga graduada por la Universidad de Barcelona -mención en Criminología Forense y Ejecución Penal- y Máster en Análisis y Prevención del Crimen por el Centro Crímina de la UMH. Técnica especialista en Microexpresiones faciales y lenguaje no verbal inconsciente para la realización de pruebas periciales por Comunicación Gestual. Curso de especialización para la elaboración de Modelos de Prevención de Delitos (Compliance programs) por la Universidad Internacional de Catalunya junto al bufete penalista Molins & Silva. Cuenta con experiencia en la creación de Planes Locales de Seguridad en dependencias de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Actualmente es socia y directora de operaciones del grupo de empresas Comunicación Gestual, peritos judiciales expertos en Microexpresiones faciales y reacciones fisiológicas.

Dejar respuesta

¡Por favor introduce tu comentario!
Por favor introduce tu nombre aquí