La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incluye en nuestro ordenamiento por medio de la reforma del Código Penal del año 2010, rompiendo el consagrado principio “societas delinquere non potest” y transicionando en dicho año al principio “societas delinquere et puniri potest”: la persona jurídica es también sujeto de responsabilidad criminal.

El apartado séptimo del preámbulo de dicho texto jurídico se dedica al análisis de su inclusión en nuestro ordenamiento, con muy vagas referencias en cuanto a de dónde procede nuestra nueva figura (‘Son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas’, ‘sistema claramente predominante en el Derecho comparado y en los textos comunitarios objeto de transposición’).

Expuesto lo anterior, la actual regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas responde, en primer lugar, a los compromisos internacionales a los que debe hacer frente España, v.gr. Directiva 2008/99/CE. Y en segundo lugar, también responde a esa necesidad de luchar contra ese tipo de delincuencia que opera en la sociedad actual revistiendo forma de persona jurídica, pues esta es la forma de los sujetos económicos, que posteriormente da a lugar a unos costes que son ampliamente superiores a los efectos del delito tradicional.

Por ello, nuestra regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene justificación en cuanto a nuestras obligaciones internacionales y en cuanto a la lucha contra la delincuencia económica, algo que no podemos en ningún modo obviar.

 

NECESIDAD DE RESPUESTA PENAL

¿Es necesaria la respuesta penal por parte del ordenamiento jurídico a actuaciones de personas jurídicas que, indubitadamente, van a corresponder a su vez con actos de personas físicas?

Es decir: la persona jurídica responderá penalmente en los casos establecidos en el artículo 31 bis CP:

  • “Delitos cometidos (…) por sus representantes legales o por aquellos (…) autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control.”
  • “Delitos cometidos (…) por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control.”

Por tanto, en todo momento hablamos de una responsabilidad penal que, como es lógico, nace de acciones de personas naturales, que probablemente respondan a su vez penalmente por los hechos, estas sí enfrentándose a penas de privación de libertad, inhabilitación, etc., según el delito cometido. Ya sean delitos cometidos por los administradores de hecho o de derecho, o aquellos autorizados, o por quienes bajo su mando, delinquen puesto que no se cumplen ciertos deberes achacables a los anteriores.

Aspecto digno de mención, y que impulsa el reproche penal, es el artículo 31 ter incluido con la reforma del año 2015, que permite la responsabilidad penal de la persona jurídica incluso en casos en los que no es posible una individualización de la responsabilidad en cuanto a personas físicas. Así, siguiendo esta línea, nace la posibilidad de procesos única y exclusivamente contra personas jurídicas.

La responsabilidad penal de la persona jurídica, a grandes rasgos, trae al proceso penal elementos que podrían ser más que susceptibles de ser controlados en la vía del derecho administrativo sancionador.

Pero, ¿es lo suficientemente eficaz el brazo contencioso-administrativo de nuestra jurisdicción y nuestro ordenamiento como para prevenir y luchar contra delitos que son susceptibles de causar tanto desvalor? A la vista de la actuación de nuestro legislador nacional, así como del europeo, parece ser que entienden como necesaria este recurso a la última ratio.

Si tenemos en cuenta que la delincuencia económica tiende a realizarse a través de las personas jurídicas, lo que a su vez daría paso como se practica en EEUU y Reino Unido a los programas de cumplimiento o compliance program, lo que se produce realmente es una huida al derecho penal que entrega las llaves de esta responsabilidad penal al sector privado: una privatización parcial de la lucha contra el crimen.

Es decir: estamos incluyendo problemáticas que podrían dirimirse en el ámbito de la sanción administrativa en el ámbito penal para así poder a su vez encomendárselas a sujetos privados, que de realizarlas, se verán beneficiados por tipos atenuados o directamente verán exentas sus responsabilidades. Hecho que puede entenderse como una vulneración del principio de intervención mínima.

No obstante, entiendo que es necesario este recurso al derecho penal. La delincuencia se mueve en todos los ámbitos, también en el de las personas jurídicas: no podemos dilucidar sobre la comisión de un delito sin recurrir al abanico de diligencias de investigación que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algunas de ellas restrictivas de derechos fundamentales, por lo que se hace necesaria la participación del derecho penal, a mi entender, para poder salvaguardar y garantizar todos los derechos fundamentales que entran en conflicto.

Ante supuestos delictivos muy diversos, la responsabilidad penal de la persona jurídica regulada en nuestro ordenamiento proscribe la impunidad de estas en los supuestos en los que personas físicas delinquieren y beneficiaren a la misma. Máxime en conexión al artículo 31 ter que anteriormente mencioné: imaginemos el supuesto de un largo proceso penal, susceptible para delitos muy complejos como suelen ser los que engloban a personas jurídicas, en el que no consigamos individualizar los hechos, y por consiguiente las personas físicas que han delinquido y beneficiado a la sociedad no responden del delito. Con esta reforma responderá la persona jurídica, lo que a su vez dota al proceso penal de una efectividad mayor por cuanto que si la persona jurídica puede ser responsable, se da pie a la prevención de comisión de delitos, pues la persona jurídica es conocedora de que puede acabar respondiendo por estos.

Esta prevención podría venir desde varios puntos, algunos ya tratados en el presente artículo: la implementación de un programa de cumplimiento, que permitiría seguir las huellas del delito, la atenuación de la responsabilidad por implementar este programa de cumplimiento o por colaborar con la justicia, y en última instancia, la dicotomía entre la persona jurídica y la persona física que ha cometido los hechos, aunque a veces la misma pueda verse discutida.

Más allá de una mera responsabilidad civil, se configura como una responsabilidad penal la cual se permite que mediante programas de cumplimiento  se vea atenuada o exenta, lo que supone una nueva barrera para aquellas personas físicas que se valen de personas jurídicas para la realización de prácticas delictivas.

La verdadera diferenciación entre responsabilidad civil y la responsabilidad penal está en el abanico de penas regulado en el artículo 33.7 CP. Lejos ya de la multa, que en cierto modo podría asemejarse a una responsabilidad civil por cuanto a que consista en una cuantía económica, el derecho penal prevé para la comisión de un delito por parte de una persona jurídica la disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de actividades, inhabilitación para beneficios con respecto al Estado o la intervención judicial.

Esto, supone una directa advertencia a aquellos accionistas y administradores de personas jurídicas, que o toman partido adoptando políticas reales, lejos del mero código de conducta anticuado, o pueden ver peligrar su medio de vida. Además, previene que estos accionistas y administradores se planteen el uso de las estructuras societarias para cometer delitos.

CONCLUSIÓN

En mi opinión, la responsabilidad penal de la persona jurídica vigente en nuestro país tiene bastantes razones de peso como para ir más allá de una mera intrusión del derecho penal en lo que podía corresponder al derecho administrativo. Es una verdadera responsabilidad penal, que con el régimen vigente hace partícipe al sector privado de la política criminal, que si bien debe siempre permanecer en manos del Estado, sin su colaboración devendrá simplemente en ineficaz. La posibilidad de que entren en conflicto bienes jurídicos y derechos fundamentales tan importantes hace necesaria la intervención del derecho penal para salvaguardarlos.

En última instancia, como he mencionado a lo largo del trabajo, la reforma del año 2015 realiza una muy acertada inclusión dando pie al sector privado en cuanto al abanico de oportunidades que permiten los programas de cumplimiento, que serán susceptibles de tener efectos previos al proceso así como posteriores a su incoación, a tenor de los artículos 31 bis.2 y 31 quáter CP.

 

Legislación mencionada

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 

Bibliografía

DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. M., Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en Derecho Penal Económico y de la Empresa, Ed. Dykinson, Madrid, 2018.

TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Derecho penal económico. Lineamientos de política penal”, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, 2015.

TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Delitos contra el Orden Socioeconómico”, en Lecciones de Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Parte Especial, Tomo V, Ed. Jurídica Continental, San José, Costa Rica, 2017

1 Comentario

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