El fenómeno social que conocemos hoy como corrupción política, tanto en España como en el resto de países no presenta ser un problema novedoso para la ciudadanía y sus gobernantes. A lo largo de la historia, pensadores de variopintos periodos han valorado y realizado aportaciones teóricas sobre la corrupción y esbozado herramientas de lucha contra el fenómeno séptico. Encontramos las primeras observaciones sobre el mismo en el Código de Hammurabi donde quedaban tipificadas conductas corruptas por parte de ciudadanos que ostentaban cargos de relevancia (Ruiz-Morales, M.L, 2020). En la Antigüedad, Platón y Aristóteles desarrollaron parte de su discurso sobre el uso del poder mediante altos cargos para el logro de objetivos individuales. Maquiavelo, por ejemplo, llegó a esgrimir que la ambición de los gobernantes era el motivo trascendental de la ruina de los Estados, que quedaban conducidos hasta su propia desaparición. En suma, autores como Montesquieu sostuvieron que cuando la ciudadanía pierde el interés por la política (Pérez y Lopé, 2014; Pérez O, 2012) queda presente un sentimiento de malestar ciudadano (apatía política) fruto de la misma corrupción.

 

En nuestros días, la corrupción política en España ha sido un tema candente que se mantuvo en la agenda mediática hasta la irrupción de la crisis sanitaria del coronavirus. Pese a pasar a un segundo plano, al menos de momento, nos encontramos en un período histórico-temporal donde los individuos somos más conscientes de los problemas que nos rodean, gracias a los medios de comunicación y al efecto de la virtuosa globalización. El hecho de estar continuamente informados de los casos de corrupción que asolan los diferentes órganos del plano nacional e internacional ayuda a mantener cierto control gubernativo, garantizar una racional administración de los recursos regionales y fundamentalmente apoya al principio de transparencia constitucional, indicador de confianza para la práctica de un buen gobierno.

 

Los medios de comunicación mantienen una íntima relación con la corrupción política en cuanto en mayor o menor medida toman un rol de fiscalización; mediante el libre ejercicio de la profesión desvelan tramas delictivas y bandas criminales que operan en el sector político-administrativo.  Autores como Jefferson o el ex primer ministro británico Churchill guardan la tesis de que sin ‘‘los perros guardianes’’ que son los periodistas en la Democracia, en los gobiernos sin periódicos, se pone en riesgo el sistema de libertades conocidas y mismamente de nuevo comentado, la existencia de un buen gobierno. Ello no excluye que las prácticas periodísticas puedan alejarse de la imparcialidad y se envuelvan de intereses partidistas, se financien de forma irregular o sirvan para fines políticos diametralmente opuestos,  entre otros temas que arrastren obras de florituras corruptas.

 

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, publicado en octubre de 2015 situó el problema de la corrupción como el segundo más importante para la sociedad española (Zarzalejos, 2015). En octubre de 2018, el CIS, ante la misma interrogante volvía a mantener la corrupción política como el segundo problema más importante, seguido de los políticos en general, los partidos y la política: la cumbre de la problemática social española era en aquel momento el paro. Por consiguiente, el tema responde a un alto nivel de sensibilidad en la sociedad española que ha sufrido no sólo una degeneración en la percepción de su sistema político sino una auténtica catarsis derivada de la crisis política que tambaleó a nuestro país allá por 2007 el estallido de la burbuja inmobiliaria.

 

Para entrar en materia, pese a no existir una sólida unanimidad al respecto, podríamos considerar la corrupción política como un abuso de posición de un servidor público (en casos de entornos privados véase Hodgson y Jiang, 2007), con un beneficio extraposicional, directo o indirecto, con el incumplimiento de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los servidores públicos (Villoria & Jimenez, 2012). Matizamos por supuesto que las posiciones sociales que mantienen los agentes corruptos son permanentes y no se modifican sus roles en ningún momento durante el desempeño de actividades corruptas (Warren, 2006).

 

En España hemos desarrollado al respecto, para mal, una amplia cultura de la corrupción que brilla cuando de urbanismo se trata. El binomio corrupción política y urbanismo tampoco, como el término de corrupción, encajaría en latest news pero sí explicarían decisiones políticas posteriores a la crisis, derivadas de escarnios municipales y tramas políticas criminales (Jiménez, F. 2008). Sobre lo anterior debemos tener interiorizado que en el nivel central de la cúpula político-nacional, en el seno del gobierno, es donde se encuentran las grandes decisiones económicas de cualquier Estado, por eso es entendible que el lucro económico sea posiblemente mayor en cantidad cuando prolifera el fenómeno séptico y delictual. Pero por otro lado, las Comunidades Autónomas no se libran de ningún mal corruptor, pues también suponen un entorno relevante en la captura de decisiones. El riesgo fundamental se encontraría en los grandes contratos de infraestructuras, subvenciones y áreas anejas a la aparición de fraude: expedición de autorizaciones, permisos y licencias (Villoria, Jiménez, 2012. Iglesias, 2007; Urquiza, 2006).

 

En las Comunidades Autónomas tenemos un área de riesgo que imperaba y no sólo en un supuesto de tragedia con la crisis del sector de la construcción, sino que amenaza a nuestro país en los movimientos financieros que sustenta, en parte, la economía marcada por el turismo. Esto por supuesto es la regulación urbanística.

 

A través de la cobertura mediática comentada anteriormente, junto con las denuncias de corrupción, investigaciones judiciales y encuestas de percepción de corrupción – de victimización – conocemos que en comparación con las áreas donde se producen mayores perjuicios económicos y legales, el sector urbanístico prevalece como un espacio más que idóneo, podríamos describirlo perfectamente como privilegiado, para la corrupción en España (Villoria & Jiménez, 2012). Datos del Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, explican que en nuestro país en 2009 y 2010, según los encuestados, los sobornos a la policía eran prácticamente inexistentes, en el área educativa, sanitaria, tributaria y judicial, apenas llegaban al 2 y 3 por ciento, y al contraste en el área urbanística se ubicaban entre el 3 y el 6 por ciento. En el Eurobarómetro 325 (2009) de Transparencia Internacional, España tenía una puntuación en CPI (índice de percepción de la corrupción) de 6,1 mientras que en el último Eurobarómetro (2019) mantiene un CPI de 6,2; estando aún por debajo de la media europea que se encuentra en un 6,6. El análisis moderado de las cifras puede llegar a ser esperanzador porque España ha subido 11 puestos en el ranking, pero la corrupción sigue siendo un problema grave que solventar en nuestra sociedad, rotula la institución emisora del informe.

 

En los casos más importantes conocidos hasta la fecha, la conexión con problemas  urbanísticos ha sido representativa. En la operación Malaya, en Marbella, los medios de comunicación hicieron bonanza mediática con el empresario, constructor y alcalde Jesús Gil; en el caso de Estepona se  imputaron y detuvieron 24 personas alcalde incluido, el urbanismo formaba parte de los casos Baleares 1 y 2.  Inserto en el famosísimo caso Gürtel existía una anexión con una trama urbanística aunque de forma secundaria a la causa delictiva principal. En Cataluña y Alicante, respectivamente los casos de Pretoria y Brugal. En esta penúltima Comunidad Autónoma tenemos el mayor exponente político de corrupción de la mano de Jordi Pujol, el que un día fue presidente de Generalidad de Cataluña. Las  cifras que datan de 2012, presentan que el índice de municipios implicados en casos de corrupción urbanística es bastante importante.

 

Según diferentes autores, las causas que traen consigo la aparición de casos de corrupción y su vinculación con el sector urbanístico podrían ser explicadas según el contexto que atravesó nuestra sociedad en los últimos años. A altos rasgos, el economista Daniel Kaufmann (2000) considera que la corrupción es generada por dependencia a las siguientes variables: nivel de desarrollo del país, diferencia entre salarios públicos y privados, políticas proteccionistas, existencia de instituciones de vigilancia de estos casos delictivos, ausencia de libertades, debilidad del poder judicial, etc. (Sola-Morales y Rivera, 2016, pág. 648).  Por otro lado, condiciones que animan a perpetrar conductas sépticas a la élite política podrían ser las descritas por Robert Klitgaard en su ecuación: la corrupción es igual al monopolio de la decisión más la discrecionalidad, menos la  rendición de cuentas. Él mismo explica que cuando el monopolio lo tiene un grupo con una alta discrecionalidad y no existen controles o son ineficientes, se abre la veda para el surgimiento del ánimo de lucro personal. Coinciden en esta definición Klitgaard sobre la tipología delictiva y Sutherland con la definición de delincuencia de cuello blanco.

 

El sector urbanístico español comparte características que describen tanto Klitgaard como Kaufmann y son excepciones que no presentan otros ordenamientos vecinos. En España el régimen local posee un amplio poder decisorio en la limitación del contenido económico-jurídico de la propiedad, siendo el propio Ayuntamiento la entidad que crea, destruye y modifica el plan de urbanismo municipal, que orienta a su vez el futuro desarrollo del territorio del municipio. La discrecionalidad que poseen el rango de las decisiones que acarrean al sector de urbanismo es tal que no existen obstáculos de ninguna clase para la liquidación territorial y absorción de la plusvalía de su compra y venta (Jiménez, F. 2008). Es más, al contrario, las direcciones de las Comunidades Autónomas orientan a un modelo de autonomía municipal mayor que en un principio se contraponen a las tesis idóneas de los autores anteriormente descritos.

 

Para terminar, en resumen, podríamos tener como ideas generales sobre la corrupción política en nuestro país su concepto: las acciones delictivas acarreadas por servidores públicos afines al lucro personal. Que no se identifica con un delito pasional sino que más bien son delitos de cálculo como Klitgaard (1999:4) describe. La longevidad que presenta la problemática social y los numerosos casos que existen a día de hoy en el panorama nacional siendo dos vértices que auguran la complejidad del fenómeno. La conexión tan íntima que existe entre la corrupción política y el urbanismo en el régimen local que fomenta tanto el propio ordenamiento jurídico como las características sociopolíticas que atraviesa nuestro país en la actualidad, además de la inexistencia (o ineficacia) de ejecución de sistemas de rendición de cuentas, sean organismos internacionales, estatales o personados en los medios de comunicación que dificultan la lucha contra el fenómeno delictivo.

 

 

 

> Bibliografía

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Zarzalejos, J. A. (2015). Mañana será tarde. Editorial Planeta.

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