Los medios de comunicación han experimentado un gran auge, especialmente en la postmodernidad, en parte gracias a las nuevas tecnologías que nos acompañan constantemente. Su finalidad principal es la transmisión de información, y es por ello que se debería mostrar un especial interés en cómo se transmite dicha información.

El artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A esta libertad de expresión se acogen tanto los medios de comunicación como muchos ciudadanos, que por redes sociales comentan sin ningún pudor los casos mediáticos que la parrilla televisiva introduce en todos nuestros hogares.

Un aspecto que debemos tener en cuenta es que uno de los principales objetivos de los medios de comunicación es generar audiencia y crear impactos en la población, ya que en la mayoría de los casos es su sustento económico. Para ello, recurren a información truculenta y morbosa, que apela a la sensibilidad de la ciudadanía, en muchas ocasiones, una visión fragmentada de la realidad que acaba creando una gran alarma social en la población.

Al cubrir una noticia, en muchos casos lo hacen al poco tiempo de que el hecho haya tenido lugar, por lo que en multitud de ocasiones cuentan con información escasa, no oficial y cambiante con posteriores datos de la investigación.

En el caso de una investigación criminal, esto cobra una especial relevancia. Poner en el foco mediático un suceso frecuentemente conlleva nombrar a los sujetos implicados. Se empieza a narrar hechos pasados de su vida, supuestos aspectos de su personalidad, se conceden entrevistas a vecinos, amigos, familiares o personas de su entorno, y muchos, en teoría expertos, comienzan a conjeturar sobre lo ocurrido, convirtiéndose en motivo de tertulia por parte de personas que en ocasiones no tienen la formación necesaria para analizar determinados aspectos.

De esta manera, empieza a configurarse una opinión pública que en la mayoría de los casos acaba convirtiéndose en un juicio social paralelo. Comienza a gestarse una gran crispación entre la población que suscita una percepción de impunidad, desconfianza y fracaso de los operadores jurídicos y del sistema de Justicia en general.

Por todo ello, la sociedad reclama un endurecimiento de las penas, pues al haber “vivido” el caso de primera mano por lo que los medios de comunicación han ido mostrando, experimentan sentimientos de rabia e impotencia.

Acaba formándose, por tanto, una gran presión social hacia los actores jurídicos en cuanto a su decisión judicial. Irremediablemente esta presión y reclamo social por una sanción contundente puede influir en la resolución que posteriormente se tome, la cual va a ser sometida a un gran cuestionamiento por los ciudadanos, siendo la gran mayoría de ellos, legos en Derecho, es decir, desconocedores de dicha disciplina.

El tratamiento de las pruebas que hacen los medios de comunicación es, en muchas ocasiones, inadecuado. Tertulianos se suman al debate mediático poniendo el foco en un lugar no del todo acertado y comentando, como si fueran expertos, cuestiones peliagudas de diferentes aspectos. Bien es cierto que, aunque no ocurre en todos los medios de comunicación, sí es un hecho bastante habitual.

Programas de diversas cadenas televisivas incorporan a su parrilla los casos criminales más sonados en el momento, comentándolos y opinando como si de expertos se tratasen, cuando en realidad en muchas ocasiones no tienen ningún tipo de preparación para ello. Se suman a las opiniones sociales, creando morbosidad y sentimientos de comprensión hacia los que opinan como ellos. Un caso bastante claro de ello es el gran debate social vigente sobre la prisión permanente revisable.

Un problema de gran transcendencia e importancia, que debería tenerse más en cuenta, es el hecho de qué ocurre si finalmente, después de llevar a cabo la investigación, se determina que la persona es inocente. Después de haber sido sometido a tal escarnio público, por mucho que la resolución judicial determine su inocencia, socialmente va a ser perseguido por lo que de él se ha hablado, no volviendo a retomar su vida normal posiblemente nunca y siendo sometido a una gran repulsa social.

La presunción de inocencia es un derecho que tenemos todas las personas a que se nos considere inocentes hasta que en juicio oral se determine lo contrario. El problema, es que, en muchas ocasiones, los juicios sociales apresurados son los que destruyen este derecho.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, en su Código Deontológico determina que:

“El periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus deberes informativos. Tales criterios son especialmente exigibles cuando la información verse sobre temas sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”. (Federación de Asociaciones de Periodistas de España, 2017)

 ¿El tratamiento que se hace de las pruebas por parte de los medios de comunicación realmente respetan este precepto? ¿Suponen los juicios mediáticos paralelos por tanto una gran amenaza para el Principio de presunción de inocencia?

Los procesos penales en España son garantistas, pues el acusado cuenta, teóricamente, con una serie de garantías que le asisten con el fin de que el proceso sea justo. Sin embargo, en muchas ocasiones la publicidad del procedimiento dificulta el ejercicio de estas garantías.

Además, no debemos olvidar que la filtración de datos a través de los medios de comunicación durante un proceso de investigación puede obstaculizarla y revictimizar a la víctima. Este es un factor muy importante a tener en cuenta, pues la víctima o víctimas de los hechos normalmente sufren un menoscabo de su intimidad y se sienten revictimizadas al comentar el caso de manera pública una y otra vez.

Atendiendo a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en su Artículo 3 regula la publicidad ilícita como aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4 (art.3 LRJSP, de 2 de octubre)

El artículo 18 de la Constitución Española (1978) manifiesta que debe garantizarse el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta, ¿no es acaso una violación de tales derechos el tratamiento que hacen los medios de comunicación en multitud de casos? ¿Puede ser considerado como una trasgresión de la Constitución?

A pesar de que urge una reforma de la Ley que limite dichas actividades, cabe destacar que los criminólogos somos profesionales que contamos con la formación y la experiencia necesaria para el tratamiento de dichos casos.

Existe de manera bastante generalizada una idea poco acertada de la Criminología, sus objetivos y sus posibles ámbitos de actuación. Hay una tendencia bastante extendida de limitar dicha Ciencia al estudio de crímenes, equiparando las labores de criminalistas y médicos forenses con las labores de los criminólogos.

Antonio García-Pablos de Molina define la Criminología como:

Ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo; y que trata de suministrar una información válida, asegurada, sobre la génesis y dinámica del problema criminal y sus variables; sobre los programas y estrategias de prevención eficaz del delito y sobre las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente” (García-Pablos, 1989)

Existen multitud de aspectos en los que los criminólogos tenemos cabida, y suelen ser poco conocidos por la sociedad. Es de vital importancia la figura del criminólogo en este ámbito para que la presentación de las pruebas se haga con total rigurosidad y objetividad, evitando así influenciar a la ciudadanía en una línea de pensamiento desacertada y extremista.

La exposición pública de un caso debería darse una vez este cuenta con una resolución judicial. Es decir, no se pretende limitar el derecho a la información que tienen los ciudadanos, sino que ese derecho a la información cuente con una serie de garantías para que se comunique lo ocurrido en base a la veracidad de las pruebas y los sucesos, evitando la creación de percepciones erróneas al respecto.

Las pruebas judiciales, y más en un caso criminal, deben ser tratadas con cautela y sobre todo, por expertos, capaces de analizar realmente su contenido y dar valoraciones ajustadas a la realidad, sin conjeturas ni opiniones.

Los criminólogos somos los profesionales adecuados para mostrar las pruebas desde un punto de vista real, pudiendo emitir juicios de valor sobre ellas en base a una formación y conocimiento al respecto y trasmitiendo a la sociedad la veracidad de lo ocurrido de un modo totalmente imparcial.

Las víctimas deben contar con el mayor de los respetos, por lo que no debería estar permitido frivolizar ni hacer de lo ocurrido un espectáculo mediático. Los criminólogos hemos sido formados de una manera multidisciplinar, en diversos ámbitos de aplicación práctica a las investigaciones criminales, como por ejemplo, en Victimología. Por tanto, conocemos como debe guiarse una investigación para evitar que la víctima se sienta en una posición de vulnerabilidad al estar en el foco social y poder así sobrellevar la investigación con la mayor entereza posible.

Debemos tener en cuenta que también podemos encontrarnos con víctimas indirectas, como por ejemplo los familiares de la misma, que sufren las consecuencias de lo ocurrido de primera mano y también pueden sentir esta revictimización al tratar con tanta ligereza el caso en los medios de comunicación.

El criminólogo podría tener un papel importante como asesor de los medios de comunicación, pues cuenta con los conocimientos necesarios para el análisis y tratamiento de las pruebas, como hemos comentado anteriormente, y por ende puede dar una opinión experta sobre lo ocurrido que ayude a que la trasmisión de la información, por parte de los medios, sea lo más ajustada a la realidad posible.

Por último, considero que es fundamental que diferentes profesionales cualificados para ello trabajen de manera conjunta con el objetivo de garantizar y salvaguardar la correcta transmisión de la información. Es imprescindible que se deje atrás el rechazo interprofesional y se trabaje de manera complementaria, cada uno en su ámbito de estudio, para poder aportar de manera interdisciplinaria conclusiones objetivas y utilitarias al respecto que permitan dar respuesta a diferentes situaciones, garantizando en todo momento la claridad e imparcialidad del proceso.

 

 

> BIBLIOGRAFÍA

Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.. 22 de abril de 2017. Disponible en: http://fape.es/home/codigo-deontologico/ [visitado por última vez el 3 de abril de 2020]

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311.

España. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Boletín Oficial del Estado, 11 de noviembre de 1988, num.274.

García-Pablos, A. (2007). Criminología. Fundamentos y principios para el estudio científico del delito, la prevención de la criminalidad y el tratamiento del delincuente. 1ª edición peruana. Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales.

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Ainara Jimenez
Graduada en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid (2019) y actual estudiante de Máster de alta especialización en Perfilación Criminal y Psicología Forense por la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Mención de Honor en Derecho Penal, Psiquiatría Criminal y Forense y Humanismo Dinámico. Trabajo de Fin de Grado sobre prevención de la participación de jóvenes en pandillas, factores de riesgo, factores de protección y programas de prevención e intervención. Recibimiento de placa insignia según el Reglamento de Honores y Distinciones Honoríficas del Cuerpo de Policía Local de Venturada, Madrid (B.O.C.M Nº.108.07/05/2019) por la implicación en la prevención de conductas juveniles de riesgo.

1 Comentario

  1. Brillante reflexión. Pero tal y como está diseñado nuestro sistema de derechos y nuestro tejido social, la lesión de derechos del procesado frente al sacrosanto derecho a la información es más que palmaria. Indudablemente toda esa presión mediática que supuestos profesionales de la información esparce sin ningún rigor, con el único afán de crear opinión, su opinión, para poder vender su producto desprovisto del mínimo respeto por los derechos del procesado, provoca como muy bien dices, corrientes de opinión que influyen y mucho en los operadores jurídicos. No olvidemos, que ellos también conviven con toda la presión de esa gente a la que se ha bombardeado con estados de opinión creados artificialmente.
    Sinceramente creo que a los criminólogos, todos esos mass media, no permitirían dejarnos un espacio para aportar algo de conocimiento aduciendo inmediatamente injerencias en la libertad de comunicación.
    Muchas gracias.

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