INTRODUCCIÓN

Los tiempos convulsos en los que vivimos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito del derecho, parecen llevar aparejadas discusiones y problemáticas jurídicas de todos los colores. Desde el dictado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, nuestro país se encuentra en estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El RD se dicta en el marco del derecho de excepción creado tanto por el artículo 116 de nuestra Constitución, como por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que recoge los distintos estados de alarma, excepción y sitio. A consecuencia de la entrada en vigor del RD, algunos derechos y libertades fundamentales recogidas en el texto constitucional han quedado limitadas. Ello sin entrar ni de lejos en el debate sobre si el estado de alarma es la correcta institución jurídica o si debió instaurarse un estado de excepción –debate polarizado y que tiene opiniones para todos los gustos–.
Pero, ¿y qué ocurre con quienes hacen caso omiso de la entrada en vigor de este RD? Las consecuencias jurídicas pueden ser desde administrativas hasta penales. Sin embargo, la situación convulsa en la que nos encontramos puede llevar, en la práctica, a que se incoen procedimientos por algunos tipos penales que no son sino la crónica de una absolución.
El delito de desobediencia ha comenzado a emplearse como un cajón de sastre para aquellos con los que el derecho administrativo sancionador parecía no resultar suficiente. Podría imaginarse que nos encontramos ante una verdadera aplicación del principio de intervención mínima, pero realmente nos enfrentamos a una errónea interpretación del tipo penal.

EL DELITO DE DESOBEDIENCIA


El artículo 556 del Código Penal castiga la desobediencia o resistencia grave a la autoridad, sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada debidamente identificados con pena de prisión de tres meses a un año o multa de 6 a 18 meses. Este tipo penal se emplea con aquellos supuestos que no entran dentro del artículo 550 del Código Penal: el delito de atentado contra la autoridad. Tampoco debe confundirse con el artículo 410 del Código Penal, que se refiere a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a cumplir resoluciones, decisiones u órdenes de la autoridad superior, pero con el que también guarda estrecha relación.
Artículo 556. 1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.”

Sin embargo y tras su lectura, debemos acudir a la legislación y jurisprudencia aplicables para poder comprender si los supuestos de incumplimiento del estado de alarma deben ser encuadrados en este supuesto.

EL TS ANTE EL DELITO DE DESOBEDIENCIA

Para poder entender que existe delito, es necesario como señala DOPICO GÓMEZ-ALLER, un requerimiento personalmente dirigido al desobediente. Y así lo entiende el Tribunal Supremo, con cita a la STS 459/2019 (STS Procés), Fundamento c), apartado 1.3.2 (página 126), que expone:
En efecto, es entendible que en aquellas ocasiones en las que el delito de desobediencia se imputa a un particular (cfr. arts. 556, 348.4.c, 616 quáter CP), el carácter personal del requerimiento adquiera una relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea condenado penalmente por el simple hecho de desatender el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de subsunción exija que se constate el desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente apercibimiento legal que advierta de las consecuencias del incumplimiento.
Es decir: el requerimiento personal al acusado evita que desatender una norma sea automáticamente delito. Y en consecuencia, la mera transgresión de la norma, la cual limita la libertad de circulación de las personas, no supone la comisión del delito de desobediencia.
La STS 1219/2004, de 10 de diciembre (con cita a las STS 821/2003 y 1615/2003), con respecto al delito de desobediencia grave, recoge como elementos del delito los siguientes:
el carácter terminante, directo o expreso de la orden dictada por la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, debiendo imponer al particular una conducta activa o pasiva;
su conocimiento, real y positivo, por el obligado;
la existencia de un requerimiento por parte de la autoridad hecho con las formalidades legales, sin que sea preciso que conlleve el expreso apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia caso de incumplimiento;
la negativa u oposición voluntaria, obstinada o contumaz a la misma, que revela el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad; y en todo caso, debe alcanzar una especial gravedad al objeto de diferenciar el delito de la falta (hoy derogada) de desobediencia prevista en el artículo 634 CP.

EL RD 463/2020, DE 14 DE MARZO

El RD, en lo que aquí nos resulta de interés, recoge en su artículo 5.2 que “los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”. Esto quiere decir que a todos los efectos, los agentes de la autoridad pueden dictar órdenes y prohibiciones para poder hacer cumplir el RD.
Y por otro lado, recoge en su artículo 7 las distintas limitaciones a la circulación de las personas, tales como adquisición de productos de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo o a la residencia habitual, asistencia a personas mayores, menores, dependientes o vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y de seguros, así como las situaciones de fuerza mayor, situación de necesidad o las análogas a todas las anteriores.

SUPUESTOS CONCRETOS

Ahora que conocemos el régimen de aplicación legal y jurisprudencial, parece complejo entender que se pueda condenar a alguien por delito de desobediencia a la autoridad (556 CP) por saltarse el confinamiento.
Así lo entendió el Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña. En su sentencia de 30 de abril de 2020, absolvió a un vecino de Carballo que fue sorprendido yendo a una Iglesia, y después a un supermercado, habiendo sido detenido múltiples veces por incumplir el confinamiento, así como condenado en sentencia de conformidad por un delito de desobediencia.
Fue absuelto por cuanto que tanto el culto como la asistencia a supermercados están permitidos. No hubo un “desacato de forma terminante, directa o expresa de una orden dictada por la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, que imponga al particular una conducta activa o pasiva”, ni “negativa u oposición voluntaria, obstinada o contumaz a una orden dada por los agentes de la autoridad, que revele el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad, porque no ha quedado probada la existencia de ninguna negativa a acatar las órdenes de los agentes, y además, tampoco la conducta del acusado revistió una especial gravedad.
No obstante, sí que encontramos condenas por desobediencia grave… por conformidad. Es el caso de la Sentencia 12/2020 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Corcubión, que condenó por desobediencia grave el mero incumplimiento injustificado, no encontrando en la resolución judicial ni la orden, ni la negativa obstinada a la que se refiere la jurisprudencia.

CONCLUSIONES

Tras lo expuesto, queda meridianamente claro que el incumplimiento injustificado de la norma no puede suponer más que responsabilidad de índole exclusivamente administrativa. Y es que como expone DE LA MATA BARRANCO, el delito de desobediencia grave no está pensado para el incumplimiento de una norma: lo contrario es pervertir desvalores y penalizar un incumplimiento administrativo, por crítica que pueda ser la situación.
No parece que en nuestro país deba ser necesario el recurso al Derecho Penal –recordemos, última ratio– para combatir el incumplimiento del confinamiento. Pero si fuese necesario, de seguro deberíamos acudir a la reforma o al dictado de nuevos instrumentos legales, por cuanto que los actuales no facultan para castigar como desobediencia grave el mero incumplimiento de la norma.

> NORMATIVA EMPLEADA
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

> BIBLIOGRAFÍA
DE LA MATA BARRANCO, N. J. (2020). “¿Delito de desobediencia por incumplimiento reiterado de una norma administrativa?” Almacén de Derecho. [En línea: https://almacendederecho.org/delito-de-desobediencia-por-incumplimiento-reiterado-de-una-norma-administrativa/. Consultado 13/05/2020]

DOPICO GÓMEZ ALLER, J. (2020). “¿Puede calificarse como delito de desobediencia grave a la autoridad el mero incumplimiento de la prohibición de circular por las vías públicas durante el período de confinamiento? En Guías Sectoriales Covid-19, Sección de Derechos Humanos. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. [En línea: https://web.icam.es/bucket/Guia%20DDHH.pdf. Consultado: 13/05/2020]
JURISPRUDENCIA EMPLEADA
STS 459/2019, de 14 de octubre

STS 821/2003, de 5 de junio
STS 1615/2003, 1 de diciembre
STS 1219/2004, de 10 de diciembre

SJPII Corcubión nº2 12/2020, de 1 de abril
SJP A Coruña 98/2020, de 30 de abril

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