Los flujos migratorios se vienen produciendo desde hace siglos y alrededor del mundo. En el estado español empiezan a conocerse entre 1980 y 1990, siendo en la segunda década cuando estos se convierten en un objetivo migratorio. Dentro de estos nuevos flujos migratorios existe un grupo muy peculiar: el de los menores que inician el proceso migratorio solos. Son los llamados MENAS, cuyo perfil se define, según el artículo 189 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, como aquel “extranjero menor de dieciocho años que llegue a territorio español sin venir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación”.

 

Este fenómeno migratorio ha colapsado la capacidad de acogida de los centros de protección de menores en varias comunidades autónomas. Paralelamente, también se ha visto colapsado el sistema judicial, siendo estos menores un colectivo que por su naturaleza presenta unas peculiaridades específicas, puesto que requieren tratamiento jurídico singular dentro del ámbito de la inmigración.

Al hablar de MENA hacemos referencia a personas extranjeras menores de edad, que llegan de un país tercero con un proyecto migratorio y sin el acompañamiento de un familiar adulto. El perfil de estos menores (Bueno y Mestre, 2006, citados en Consolà, 2016) es el de joven varón, de entre 15 y 18 años de edad, en un 80% de los casos proveniente de Marruecos, pero también de otros territorios como Argelia, Mali, Nigeria, República de Guinea o países Europa del Este.

Los menores extranjeros mayormente llegan a España con las expectativas de poder mejorar su situación vital; sin embargo, se encuentran con un escenario muy distinto: en primer lugar, a nivel laboral no pueden desarrollarse tanto por su condición de menor como por su situación irregular administrativa. En segundo lugar, encuentran barreras lingüísticas ya que carecen del conocimiento del idioma; además, las personas que los reciben también carecen de formación lingüística en sus idiomas natales. Finalmente, se encuentran un sistema totalmente colapsado que no puede dar atención y apoyo a todos los que llegan al país.

A nivel criminológico, este colectivo resulta especialmente vulnerable en base a tres pilares.

  1. En primer lugar, por su condición de inmigrantes, no sólo por su situación administrativa irregular, sino también por la carga de estereotipos raciales asociados a los inmigrantes y por el discurso de odio avivado recientemente en el panorama político español.
  2. En segundo lugar, por su condición de menores, que conlleva falta de conocimiento y de protección y que da pie a que se vulneren más fácilmente sus derechos ante una situación de indefensión, poniendo como ejemplo concreto las pruebas que se les practican para determinar su edad (Aparicio, 2015), las cuales muchas veces se realizan de manera rutinaria al no dar credibilidad a sus documentos identificativos, y esto plantea problemas éticos e incluso de salud. Además, en el caso de ser menores con suficiente capacidad madurativa, deben tener derecho a ser escuchados audiencias sobre decisiones que afecten a su esfera personal y en especial en casos de repatriación, donde en algunos casos el Alto Tribunal [STC 17 septiembre 2007 (RJ 2007, 372)] ha reconocido en este sentido aplicaciones del ordenamiento desproporcionadas que vulneran su derecho a una tutela judicial efectiva.
  3. En tercer lugar, resultan vulnerables por carecer de vínculos familiares y sociales cuando llegan, lo cual está estrechamente relacionado con la teoría de los vínculos de Travis Hirschi, según la cual la comisión de un acto delictivo tiene en su origen la inexistencia de cuatro elementos. Uno de estos es el apego, consistente en las relaciones afectivas (afecto, admiración, identificación…) con familiares o amigos. En el caso de estos menores, la falta de estos vínculos sería especialmente negativa, agravada además cuando no se compensa efectivamente con una intervención social adecuada.

Por último, a nivel legislativo, estos menores estarían amparados por lo dispuesto tanto en la legislación internacional (Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, Carta Europe de Derechos del niño) como nacional (Ley Orgánica 1/1996) en materia de protección jurídica del menor, pero contrariamente, y debido a su condición de extranjeros, se ven sometidos a un especial régimen regulatorio.

En cuanto a la regulación en extranjería, no es hasta la última reforma de la legislación en materia de Extranjería en 2011, cuando se introduce en el ordenamiento jurídico español el término de menores extranjeros no acompañados y se incluye el término del interés superior del menor como criterio rector de los procedimientos de repatriación. En principio, una vez llegan a territorio español se debería valorar su condición de menor y de no acompañado, derivarlos a los servicios de protección al menor e ingresarlos en servicios de acogida. Lamentablemente, en la práctica se prioriza su identidad de extranjero sobre la del menor, contrariamente a lo dispuesto en la Convención internacional sobre los derechos del menor.

Para evitar una estigmatización mayor hacia los menores extranjeros no acompañados es realmente importante poder hacer una intervención efectiva y eficaz que ayude al desarrollo individual de los menores. Hay que hacer especial referencia en la importancia en el proceso de intervención a la red de infraestructuras y programas creados para atender a esta población, fomentando la creación y consolidación de programas mixtos que permitan la convivencia con otros adolescentes, normas y valores culturales que favorecen el proceso de integración.

Ahora bien, el éxito de los programas de urgencia especializados depende fundamentalmente del diseño de programas bien estructurados, donde los adolescentes sienten que mientras el tiempo transcurre van avanzando en su proyecto migratorio (papeles, formación) y reciben información sobre su situación y posibles expectativas. Contrariamente, los programas que se han estado diseñando han ocasionado conflictos. De hecho, en la valoración que hacen los adolescentes en el estudio de Bravo, A., Santos, I. (2017) sobre su satisfacción con la atención recibida, el aburrimiento y lo sentimientos de desesperanza son algunos de los factores que más inciden en su valoración negativa.

En este sentido, y después de ver los relatos de vida de los MENA (recogidos por Save the Children, la Oficina de El Defensor del Pueblo, UNICEF, Fundación Pere Tarrés y ACNUR) se observa la necesidad de procurar que todos los profesionales que intervienen con los menores conozcan no sólo los factores de migración en general del colectivo MENA,  sino también poder llegar a saber los costes del viaje que para ellos supone: situaciones de supervivencia, abusos, agresiones sexuales, la exposición a que caigan en redes de organizaciones criminales de trata de personas y las situaciones de estrés y crisis por las que pasan.

 

Bibliografía

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