Despertarse, desayunar y de fondo oír las noticias. Nadie es ajeno a los problemas que suceden a nuestro alrededor y mucho menos en una sociedad globalizada; el concepto de amenaza ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. La seguridad ciudadana demanda buscar soluciones que dependan de nuestro marco sociocultural y recursos determinados. Hoy por hoy el medio ambiente supone en su riesgo, un problema mundial que preocupa a todas las naciones por su extrema complejidad y urgencia a corto y largo plazo. En este primer post se tratará la definición del bien jurídico medio ambiente, que emana de la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, y cuenta por ello como derecho en la lucha por su conservación. También se explicará de forma desarrollada, cuál es la problemática que rodea la definición de los delitos ecológicos y su persecución judicial.

Actualmente, la investigación en Criminología abarca nuevos ámbitos de crecimiento y estudio más discretos, que interactúan y se relacionan con la observación de diferentes perspectivas de la sociedad moderna. La importancia que cobra el medio ambiente en este punto, es notable, pues la raíz del fenómeno y su reciente relevancia reside en el sentimiento de preocupación e incertidumbre, de una sociedad en contacto continuo con estímulos de significativo riesgo. La amenaza global que asiste el Cambio Climático no deja indiferente a nadie (Ericson R. y Carriere K, 1994; Beck, 1992).

 

Es totalmente comprensible que exista una complejidad y cierta falta de uniformidad en la definición y parcelación de la tipología, los delitos ecológicos. Pues nos encontramos limitados por estar sumergidos en pleno avance y cambio tecnológico, social y económico, siendo de base condicionantes que son el yugo de los paradigmas de la criminalidad moderna. En parte, está acompañado por la relativamente reciente definición del bien jurídico medio ambiente. El avance que muestra la era de la digitalización y predicciones de la problemática, es cuanto menos, factor detonante de las urgentes políticas climáticas, y por ende criminales.

 

Encontramos entonces, cierto sesgo definitorio en lo que se denomina protección penal del bien jurídico medio ambiente, preocupando al legislador en materia de salud pública o de forma complementaria en el conjunto de fluctuaciones económicas.

 

  • En España, desde los cánones de la Constitución, el legislador trata de «promover el progreso de la cultura para asegurar a todos una digna calidad de vida», principio rector que aparece en el preámbulo de la Carta Magna. Explícitamente también posee un mandato que evoca directamente a la defensa y restauración del Medio Ambiente en su artículo 45. «Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo» (Berdugo Gómez, 1992).

 

Hasta el día de hoy, la legislación española fue regulada en la materia, vía ley penal en blanco. Lo que quiere decir, que no sólo encontramos la lista de delitos, actos criminales tipificados en el Código Penal, de forma expresa en su Título XVI: de los delitos relativos a la ordenación y el urbanismo, y a la protección del patrimonio y del medio ambiente (destrucción de flora silvestre, introducción de especies no autóctonas, tráfico de especies, etc.) sino que existen numerosas leyes especiales que intentan blindar y garantizar la protección del objeto de derecho.

 

España cuenta con una amplísima, difuminada y compleja gama de normativa jurídica que trata sobre el medio ambiente, véase la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, Real Decreto 630/2013 de especies exóticas invasoras, la Ley de Montes (43/2003), Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, etc.

 

Más de una veintena de leyes especiales conviven de forma competencial entre la regulación básica estatal, autonómica y provincial y la Justicia no sólo tiene que dar atención a todas y cada una de ellas, sino cumplimentarlas por supuesto, con normativa internacional. Estamos entonces cubiertos por objetivos y normativa europea. Ajustando esta, nuestras expectativas de futuro y las decisiones políticas que toman actores nacionales a la objetivos impuestos por órganos supranacionales.

 

  • Por ello, se plantea una cierta problemática general en el uso del derecho penal como salvaguarda de la protección ambiental, que en palabras del magistrado Conde Pumpido se traducen en la escasa aplicación práctica del tipo, no porque las conductas se produzcan fuera de la normalidad o la vida cotidiana, sino por consecuencia de defectos de configuración en nuestro ordenamiento jurídico: debido a la escasez de medios, por la difícil investigación y persecución penal, sea tanto por complejidad intrínseca como por afectar de manera común a sectores privilegiados, que generalmente son reacios y resistentes al intervencionismo de la jurisdicción penal. En consecuencia, encontramos limitada por la expresión de la jurisprudencia española, la salvaguarda y protección del medioambiente, que es agravada por la desconexión entre la normativa nacional e internacional y su difícil interpretación en la práctica.

 

  • El agravio de la problemática lo acompaña la complementariedad del derecho administrativo sancionador, en el castigo de comportamientos, que bien no llegan a ser constitutivos de delitos (pues no quedan recogidos en el Código Penal) hechos antiecológicos. Recordamos que el derecho penal, no sólo es derecho subsidiario y de última ratio, pues responde también a la proporcionalidad, motivando la sanción penal a las conductas sólo consideradas más graves y lesivas para la sociedad.

Entendemos que en la práctica diaria, se desarrollaran conductas que pueden no llegar a ser delito, anteponiéndose en la sanción la naturaleza administrativa antes que la naturaleza penal. Esto requiere investigar la gravedad del resultado o la exposición y riesgo de forma individualizada. En la mayoría sólo encontramos adhesión a la ilegalidad cuando sobrepasan límites tasados o registrados en las leyes, por ejemplo, en emisiones de residuos en la atmósfera o vertidos contaminantes con aguas residuales en ríos.

Por otro lado, conductas que son antiecológicas, son consideradas antisociales, pero no por ello están criminalizadas, y por ende, no son perseguidas penalmente en último ratio. El ejemplo típico, es el abandono de basura en puntos no autorizados, que conlleva en caso más grave una sanción administrativa pero nunca la intervención penal.

En las teorías jurídicas ecológicas al igual que en la Criminología, se utiliza la concepción de conductas antisociales para explicar el fenómeno delictivo, pues los delitos son siempre manifestaciones con motivación antisocial, pero no todas las manifestaciones llegan a ser delito. Contrapuesto, actos antiecológicos y antisociales no siempre llegan a ser sujetos de represión alguna por no estar representados ni ser constitutivos de delitos.

En conclusión, para sintetizar lo abordado sobre el marco que cubren los delitos ecológicos, podemos afirmar cierto reconocimiento en la intención del legislador en dotar de protección al medio ambiente, otorgando a ésta de relevancia constitucional, máximo exponente de las garantías y derechos de la ciudadanía. Pese a esto, a la hora de su desarrollo jurídico la recopilación de diferentes leyes, la  forman un marco legislativo irregular, dificultando en la práctica la persecución de las conductas delictivas. La normativa supranacional dificulta más, si cabe, la persecución penal de los delitos ecológicos.

Posiblemente en un futuro, veamos cambios en la legislación, que se orienten sobre un modelo homogeneizado de ‘Ley del Medio Ambiente’; existen anteproyectos que respaldan esta fórmula.

También es un obstáculo, en la persecución judicial, la complementariedad del derecho administrativo sancionador, junto con la potestad penal de Jueces y Tribunales. Reservándose sólo las circunstancias más lesivas para el interés general la persecución penal. Esto significa a grosso modo, que la reparación del medio ambiente que se encuentra inserta en los objetivos de la pena no se lleve a cabo, fruto de la polaridad de la sanción (naturaleza administrativa y penal) en conductas antiecológicas.

Visto desde el interés general, también se regula el castigo que reciben los comportamientos y por supuesto, el autor de los mismos, deviniendo desde la multa, en lo administrativo, hasta penas privativas de libertad en lo penal.

Para finalizar, se augura encontrar ciertas dificultades a la hora de contextualizar en la realidad la representatividad en las sentencias de ciertas conductas, debido a la anteposición de la naturaleza administrativa, interpretación legislativa nacional en diversos niveles y entrada en vigor de leyes especiales que regulan la interpretación legal de forma inconexa, y retos que pueden suponer la denuncia y persecución judicial, que de por sí tienen que afrontar los servidores de justicia.

 

Bibliografía

Terradillos Basoco, J., Berdugo Gómez de la Torre, I., Hormazábal Malarée, H., & Cantarero Bandrés, R. (1992). El Delito Ecológico. Madrid, España: Trotta.

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Vega Ruiz, J. V. R. (1991). El delito ecológico (2ª ed.). Madrid, España: COLEX.

 

 

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