La desaparición de personas es una práctica que se materializa principalmente en contextos de represión política y guerra, en Latinoamérica esta técnica de opresión se evidencio con más fuerza en los años sesenta y setentas con los movimientos políticos y estudiantiles que tomaron fuerza en varias partes del mundo. 

Los países que han vivido en este contexto conocen los estragos que ocasiona la desaparición: una sociedad en la que la incertidumbre predomina y la búsqueda interminable del ser querido es muchas veces solitaria e incomprendida; en México es alarmante la cantidad de personas desaparecidas que se reportan diariamente, situación que ha embargado de tristeza y desolación a cientos de familias a lo largo de los años.  Desafortunadamente la desaparición forzada y por parte de particulares se ha convertido en un suceso permanente, los contextos en los que se ha dado este acto violatorio a los derechos humanos a través de los años tienen en común: el abuso de autoridad y la impunidad además de otros factores que serán específicos en cada uno de las situaciones en donde se ha exacerbado la violencia en el país. 

Este fenómeno criminal, obligo a los legisladores mexicanos a trabajar e nuevas leyes, ya que hasta antes del año 2017 la desaparición no se consideraba un delito, surgiendo casi de forma obligada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017.     

En primera instancia es necesario diferenciar los tipos de desaparición que se encuentran tipificados en la ley ya mencionada:  

Artículo 27.  Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Artículo 34. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa. (Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 2017)

La diferencia de los tipos de desapariciones se focaliza principalmente en la participación de servidores públicos y la coadyuvancia a particulares. Un lamentable ejemplo de la desaparición forzada, es el caso Ayotzinapa, en donde agentes de la fuerza pública presenciaron y participaron en conjunto con un grupo criminal de la región, en la desaparición masiva de 43 estudiantes normalistas, acontecida el 26 de septiembre del año 2014, cinco años después, se desconoce el paradero de los estudiantes. 

El caso Ayotzinapa se convirtió en un caso mediático por la magnitud de impunidad y del fracaso evidente por parte del estado para hacer frente a la situación, cabe hacer mención que en México lamentablemente son pocos los casos de sentencias a servidores públicos por el delito de desaparición forzada.  Los 43 estudiantes forman parte de las más de 40 mil personas desaparecidas en México registradas oficialmente hasta el 30 de abril del 2018.   

La estrategia que pretendía frenar al narco

En diciembre del año 2006 Felipe Calderón Hinojosa tomo posesión de la presidencia de México, y con ello se implementaron estrategias de seguridad nacional para contener y erradicar las actividades realizadas por el crimen organizado a nivel nacional;

“No será fácil ni rápido, sé que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso y por desgracia vidas humanas” (Excelsior). Una de las primeras acciones que realizo como parte de su agenda, fue movilizar al Ejercito, a las zonas en donde el crimen organizado contaba con mayor presencia, en primera instancia la estrategia funciono, sin embargo al querer replicarla en otros lugares con problemáticas similares, las organizaciones delictivas se movilizaron dando inicio a periodos de violencia extrema, que de forma gradual se expandieron a todo el país, aunado a la permanente  disputa  del territorio para el trasiego y venta de drogas por parte de grupos antagónicos dejando a miles de víctimas; afectando no solo a las personas involucradas en la delincuencia organizada y delincuencia común, sino a la sociedad mexicana en general. 

La desaparición forzada o por parte de particulares no está condicionada únicamente a personas que se dedican a lo ilegal como falsamente se cree, cualquier miembro de la comunidad puede convertirse en víctima de este delito. Hoy en día a la desaparición de personas le siguió la inhumación ilegal, uno de los propósitos de esta actividad es el ocultamiento de los cuerpos y destrucción de la evidencia, “sin cuerpo no hay delito”, este fenómeno ha generado el hallazgo en México de por lo menos dos mil fosas clandestinas cifra que develaron en una investigación las reporteras Alejandra Guillen, Mago Torres y Marcela Turati. (El país de las 2 mil fosas, 2018)   

El tema de la desaparición de personas es basto, por lo que hablar de una conclusión no es pertinente, las consecuencias son inminentes, no solo falta el padre, la hija, el hermano o la amiga de alguien, faltan entonces, los promovedor económicos, falta la figura maternal, y deja en su lugar familias incompletas, estos 13 años de desapariciones, a modo personal expreso, solo muestra la punta del iceberg, pues las consecuencias que traerá a largo plazo son incalculables, debemos preguntarnos ¿Qué harán las niñas y niños hijos de las y los desaparecidos dentro de 10 años? ¿Quién está apoyando económicamente a las victimas indirectas de este fenómeno imparable?, sabemos de antemano que la creación de leyes no frena la actividad delictiva, por lo que es imperante que el estado, asociaciones civiles, y la sociedad trabajen en conjunto para prevenir situaciones de riesgo en los que se desarrolla la desparecían y contener los daños ocasionados hasta el momento.

 

Por Mara Isabel Camarena Rocha re

 

Trabajos citados

(12 de noviembre de 2018). El país de las 2 mil fosas .

Excelsior. (s.f.). Recuperado el 29 de octubre de 2019

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. (2017).

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