De acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Española, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física sin que, bajo ningún concepto, se pueda ejercer alguna clase de tortura o de trato degradante sobre la misma. A este respecto surge el dilema sobre la cooperación y la cooperación ejecutiva al suicidio, puesto de relevancia con el caso de María José Carrascoso y su marido Ángel Hernández, quien a petición de su mujer le suministró una sustancia para provocarle la muerte.

Esta situación tuvo lugar a raíz de años de sufrimiento de María José por padecer esclerosis múltiple, siendo una enfermedad irreversible y que le llevaba a depender de su marido para toda acción cotidiana. Tras grabar un vídeo donde se muestra como la mujer da el consentimiento y afirma su decisión de morir, Ángel llevó a cabo la acción de suministrarle la sustancia para hacer efectiva la decisión. Minutos más tarde llamó a los servicios de emergencia comunicando o sucedido y de esta forma, procediendo la Policía a su detención.

El delito que se le imputa a Ángel es de cooperar al suicidio de su mujer, regulado en el artículo 143.2 del Código Penal. Si bien es cierto, se le aplicaría concretamente la condena del apartado cuarto del propio artículo que establece literalmente lo siguiente:

El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

Es decir, se le condenaría a la pena de cooperación ejecutiva al suicidio, y por ello se le aplicaría una condena reducida en uno o dos grados a la establecida para la cooperación simple al suicidio. A esta condena se le aplicaría también una atenuante del artículo 23 del Código Penal puesto que quien le ayuda es pariente de ella y además otro atenuante por haber confesado su autoría, conforme al artículo 21.4 del Código Penal.

En lo que se refiere a la cooperación, es importante llevar a cabo una distinción clara de los tipos de cooperación existentes. El Tribunal Supremo ha entendido la cooperación al suicidio como aquellos actos positivos y directos que se llevan a cabo por medio de una persona que cumple las pretensiones de aquella que toma la decisión de morir. La persona que toma la decisión de morir, mantiene en todo momento el dominio del hecho a lo largo del proceso y no sirve cualquier tipo de circunstancia ni resultado, únicamente la muerte de esta persona en cooperación con los actos del tercero.

Para que una persona pueda ser considerada cooperadora, es necesario que los actos que haya llevado a cabo en el proceso de suicidio de la persona sean suficientes para la creación efectiva de la pretensión del suicida de morir, sin que consistan en actos que efectúen la muerte.

Sin embargo, tal y como recoge el artículo 143.4 del Código Penal, la doctrina entiende que puede llevarse a cabo otro tipo de cooperación, la ejecutiva. Esta cooperación también es llamada homicidio consentido y tiene lugar cuando se ejecutar mediante actos directos la muerte de una persona que la había consentido.

Por lo tanto, la principal diferencia que existe entre la mera cooperación y la cooperación ejecutiva al suicidio es que el cooperador ejecutivo lleva a cabo la muerte de la persona por medio de sus propios actos teniendo el dominio de la acción, después de tener el consentimiento y el expreso deseo de la persona que quiere morir. Sin embargo, en el caso de mero cooperador el dominio del acto recae sobre la persona que muere y no sobre el cooperador, puesto que este colabora, pero no lleva a cabo el acto ejecutivo de matar.

A todo ello, con el caso de Ángel Hernández y María José Carrasco, se ha reabierto el debate mediático entre juristas, médicos y políticos sobre la eutanasia, sus formas de participación y la despenalización.

Existe una proposición de Ley Orgánica que regula la eutanasia, reconociendo el derecho de las personas a decidir el momento de su muerte cuando concurran unas circunstancias determinadas en el sujeto, despenalizando así cualquier tipo de ayuda en el proceso y los supuestos recogidos en la propia ley. Sin embargo, esta Ley no ha prosperado puesto que no obtuvo en su momento el suficiente consenso para promulgarla.

Por ello, actualmente únicamente es legal la eutanasia pasiva o la eutanasia indirecta, pero en los casos en los que se lleven a cabo actos de cooperación efectiva al suicidio solicitado expresamente por la persona que va a morir, se condenará al tercero por cooperación o cooperación ejecutiva, en función de los actos llevados a cabo.

 

Bibliografía
  • Arroyo Zapatero, L.; Berdugo Gómez de la Torre, I. y otros (2016). Curso de Derecho penal. Parte general. Barcelona: Ediciones Experiencia.
  • Mendes de Carvalho, G (2009). Suicidio, eutanasia y Derecho penal estudio del art. 143 del Código Penal español y propuesta de Lege Ferenda. Granada: Editorial Comares
  • Muñoz Conde, F. (2017). Derecho Penal Parte Especial. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

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