La responsabilidad penal de las personas menores de edad ha sido un tema controvertido a lo largo del tiempo. Tanto la determinación de la edad en la que se declara responsable al menor, como el tipo de penas o las medidas judiciales a llevar a cabo, han ido variando.

En España, durante el siglo XX estuvo en vigor el modelo tutelar. Este modelo de responsabilidad trataba de ayudar al menor, sin examinar su culpabilidad, y contaba con una junta de protección de menores que era una institución no judicial. No existían abogados, procedimientos, libertad de criterio, ni recurso, este modelo consistía en acuerdos directamente ejecutivos que terminaban en imposición de reformatorios. Sin embargo, este modelo entró en crisis en los años 70, la cual se mezclo con la crisis del modelo político que dio lugar a una situación crítica que demandaba un cambio.

Sin embargo, este cambio no llegó hasta la década de los 90, cuanto el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el sistema tutelar. En este momento se comenzó a hablar de jueces de menores, que hasta entonces habían sido tribunales tutelares sin formación judicial. En esta misma década, el Constitucional declaró inconstitucional un artículo que aludía a la no existencia de un procedimiento penal para los menores.

En respuesta a esta situación, el Tribunal Constitucional en el año 1995, recogió que los menores de 18 años podían ser penalmente responsables conforme a la Ley de Menores, que no entró en vigor hasta la aprobación de la Ley Orgánica 5/2000. Esta misma ley estableció los límites actuales para la aplicación de la propia ley que son de los catorce años hasta los dieciocho.

Para que un menor, actualmente, sea penalmente responsable, es necesario que haya realizado un hecho injusto y culpable. No basta que se trate de un hecho censurado, debe ser un acto atribuible a un menor donde se le reproche un mal uso de la libertad.

Además, para poder ser culpable es necesario que el menor sea imputable. La imputabilidad consiste en la capacidad que tiene la persona de ser culpable, es decir, contar con un criterio jurídico que le permita comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme dicha comprensión. Para ello, el menor debe contar con una base intelectual y volitiva, por lo que aquellos que no cuenten con esas capacidades, no serán culpables.

Aunque se defiende esta posibilidad de que el menor sea penalmente responsable, se defiende un proceso donde rija el principio de intervención mínima y prime el interés superior del menor. Este interés debe unirse con la necesidad de reeducación del menor, para ello se requiere la especialización de las personas intervinientes en el proceso, con conocimientos complementarios a la formación requerida, como son los abogados especializados en menores.

Al mismo tiempo, este proceso se rige por el proceso acusatorio donde no es posible imponer unas medidas más gravosas que la solicitada, buscando que sean flexibles a la hora de su imposición, ejecución, modificación o posibilidad de sustitución o eliminación. Así mismo, se puede observar que en el proceso penal de menores no se habla de penas, sino de medidas.

En definitiva, el derecho penal de los menores, en la actualidad, parte de la responsabilidad penal del menor frente a la irresponsabilidad del sistema tutelar. Se defiende la protección del menor a lo largo del proceso y, sobre todo, la posibilidad de reeducación y su reinserción en la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA
  • Arroyo Zapatero, L.; Berdugo Gómez de la Torre, I. y otros (2016). Curso de Derecho penal. Parte general. Barcelona: Ediciones Experiencia.
  • Muñoz Conde, F. (2017). Derecho Penal Parte Especial. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
  • Rovira Torres, O. (2007). La responsabilidad penal de los menores. Madrid: S. A. Bosch.

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