Como decía en la primera parte de mi artículo, la violencia obstétrica está constatada a nivel internacional, la falta de consentimiento informado veraz está ya condenada por la ONU y la OMS y el concepto de parto normal y derechos de los pacientes van íntimamente ligados y conforman un binomio inseparable en cuanto a dilucidar qué es abuso y qué no. Para tomar conciencia de todo esto y de qué intervenciones son las que se están llevando a cabo en España discrecionalmente, con riesgo real para la salud y la vida de la mujer y sin su consentimiento, y después de haber dejado vista en la primera parte de este artículo la preocupación de organismos internacionales al respecto, vamos a ilustrar aquí dos flagrantes casos de violación de derechos de la mujer en cuanto a la falta de información y obtención de consentimiento en el momento de su parto:

USO DISCRECIONAL DE LA OXITOCINA SINTÉTICA. Usado para forzar contracciones, bajada de plano del feto, agilizar el parto o inducirlo y, normalmente, sin obtener consentimiento de la mujer. Y sobre todo, sin informar del riesgo que conlleva. La OMS concluye que NO se deduce claramente que el uso de oxitocina sea beneficioso para las mujeres y los bebés. Algunos de los más habituales y graves riesgos de su uso son: rotura de útero, hemorragia postparto, pérdida de bienestar fetal, mayor número y dolor en contracciones… y todo esto ¿a qué nos lleva?. Ante mayor dolor, más anestesia (también con sus correspondientes riesgos). Ante pérdida de bienestar fetal, parto instrumentado o cesárea (también con sus correspondientes riesgos). Ante rotura uterina o hemorragia materna, peligro para su vida. Es decir, una sola intervención como es el uso discrecional e innecesario de la oxitocina sintética, y que tan habitual es en nuestros hospitales, suponen toda una cascada de intervenciones posteriores que ponen una y otra vez en peligro a la mujer y al feto y que no han sido ni informadas ni consentidas. Con lo que se puede dar el caso de que quien finalmente realiza la cesárea está salvando dos vidas que previamente ha puesto en peligro innecesariamente, quedando como salvador el que en realidad es el verdugo. Por lo tanto, oxitocina sintética sí, pero siempre que sea estrictamente necesaria, según las necesidades del parto y la evidencia científica, y la mujer consienta PREVIAMENTE su uso tras haber obtenido una información real de los riesgos, beneficios y posibles alternativas. Y si no consiente en su uso, por no querer asumir los riesgos o por cualquier otra causa, no se le puede administrar.

INDUCCIÓN AL PARTO O CESÁREA PROGRAMADA POR GESTACIÓN CRONOLOGICAMENTE PROLONGADA (GCP). Es decir, embarazo que sobrepasa las 42 semanas de duración. Como es cierto, e innegable, que existe una mayor probabilidad de ciertas complicaciones cuando esto ocurre (aspiración meconial, envejecimiento placentario, acidosis neonatal…) pues sin más, en España nos encontramos con una imposibilidad casi total para esperar tener un parto espontáneo si pasamos de las 41 semanas (gestación a término avanzada) en la mayoría de los hospitales. Sin embargo, lo que no se cuenta es que para gestaciones avanzadas o prolongadas existe lo que se denomina el MANEJO EXPECTANTE DEL EMBARAZO.[i] Apunto abajo enlace de unos esquemas muy gráficos al respecto. Las mujeres gestantes con rotura prematura de bolsa a término inician el trabajo de parto de forma espontánea en las primeras 24 horas en el 70% de los casos según la SEGO sin necesidad de ninguna intervención médica, y en el 60% de los casos según The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Cierto, no todas las mujeres cursan en sus partos de la misma manera, y algunas no llegan a la RPM y, por ejemplo, acaban alcanzando las 42 semanas de gestación, como hemos dicho. Pero esto no significa que automáticamente se tenga que inducirlas o someterlas a intervención quirúrgica mayor (cesárea) porque haya un riesgo materno y/o fetal que supere a los riesgos de la inducción  o de la cesárea. Y sin embargo, a día de hoy es un hecho: a las mujeres se las induce a parto por tener más de 41 semanas en muchos hospitales españoles sin ofrecer la alternativa del manejo expectante, sino haciendo uso de una información sesgada por parte de los/as sanitarios/as que cuentan solo la mitad de la versión de la historia y amedrantan a las mujeres con riesgos supremos que quedan rápidamente extinguidos con la inducción o la cesárea, sin alertar de los riesgos de éstas. Por lo tanto, como estas intervenciones conllevan unos riesgos iguales o superiores al hecho de esperar a que el parto se produzca espontáneamente, pues tiene que ser la mujer la que ha de decidir qué hacer tras informarla de los riesgos de todas las opciones: inducir, cesárea o controlar el bienestar fetal (manejo expectante) hasta ponerse de parto espontáneamente, y actuar o intervenir solo ante una complicación. El riesgo a correr ha de ser decidido por la mujer, siempre.

Pues bien, todos estos detalles médicos son muestras muy gráficas de lo que está pasando en España. Se juega con el desconocimiento de las mujeres, se las infantiliza y se las coacciona o chantajea con posibles riesgos para el feto sin informar de otras alternativas. De hecho, por ejemplo, los protocolos de la mayoría de los hospitales españoles indican que ante una GCP es la mujer la que ha de decidir si proceder a la inducción o en cambio, permanecer en manejo expectante, ya que ambas situaciones suponen mayores o menores riesgos para ella y el bebé solo asumibles por la mujer. Sin embargo, esta información se les oculta siempre, y no solo a ellas, sino que se ha dado ya el caso de que se ha ocultado incluso a nivel judicial para, en beneficio de los/as sanitarios/as, obtener autorizaciones judiciales para inducir o intervenir por cesárea, con un transfondo oscuro donde acampan a sus anchas el abuso de poder y la doctrina de la necesidad médica.

Margarita Boladeras explica todo esto infinitamente mejor que yo en Bioética de la Maternidad[ii]. Puede parecer que las mujeres gestantes están muy bien atendidas y que sus necesidades están cubiertas de manera profesional y sin problemas. Pero ante un mínimo análisis más detallado, solo analizando cada intervención discrecional que se realiza y cada información que se da a las mujeres, quedan expuestas claramente las múltiples deficiencias y la cantidad de malas prácticas que se dan en nuestros sistemas de atención al parto. A las mujeres se nos adoctrina desde el mismo momento en que obtenemos un test positivo de embarazo, por ejemplo en cuanto a qué comer y qué no, en cuánto a cuándo sí y cuándo no hemos de estar de baja laboral estandarizando cada embarazo como si fuéramos relojes, se nos “invita” a sufrir intervenciones cuando realmente se nos está metiendo miedo, “coaccionando” o amedrantando con unos riesgos y unas responsabilidades que no son tal.

Queda claro que en el caso de las gestantes, igual que en todo tipo de asistencia sanitaria, hay que tener en cuenta a la persona y su situación concreta, y debe ser tratada de acuerdo con sus intereses y sus derechos. Ello implica que ha de poder tomar sus propias decisiones y que para ello ha de ser informada y asesorada de manera suficiente y precisa. El reconocimiento de su capacidad de autonomía es el primer paso que tiene que dar todo profesional para hacer efectivo UN DERECHO LEGAL DE TODO CIUDADANO.

La DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIÉTICA Y DERECHOS HUMANOS DE LA UNESCO DE 2005[iii] reafirma la importancia fundamental del principio de RESPETO A LA AUTONOMÍA PERSONAL y destaca la obligación del CONSENTIMIENTO INFORMADO para la realización de aquel principio.

Por otro lado, tenemos que defender ALTO Y CLARO que para proteger la vida de una persona no se puede poner en peligro la de otra, es decir, no podemos sacarle el hígado a un padre para dárselo a su hijo que lo necesita, no podemos inducir al parto a una mujer sin su consentimiento con los riesgos que supone para su salud y su vida (ya explicados anteriormente) para salvar la vida del no nacido. Esto por todos y todas debe ser entendido de una vez. El no nacido o nasciturus, según nuestro ordenamiento jurídico no tiene los derechos que las últimas decisiones judiciales les están otorgando en relación a su parto, y en todo caso se trata de derechos en otras materias, no desde luego derechos que se puedan anteponer a la vida de quien lo está gestando, con el único fin de seguir manteniendo sumisas a las mujeres y no hacer tambalear el poder adquirido de cierto sector de la comunidad sanitaria que se olvida de que su función es de prestador de salud, no de prestador de riesgos.

Habrá quien se pregunte que entonces por qué los Juzgados autorizan estas intervenciones en las mujeres que están pariendo si no es legal, pues muy claro: desconocimiento total sobre cómo funciona un parto (ya he dicho antes que una cosa no se entiende sin la otra), falta de contradicción porque acaban oyendo solo a los profesionales que se aventuran a solicitar la autorización (sanitarios/as que por otra parte ocultan información y la mayoría de las veces vician la decisión judicial), desconocimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (no hay en todo el temario de Judicatura un solo tema dedicado a la materia en cuanto a seguridad y derechos del paciente) y que en sus artículos 4, 7, 8 y 9[iv] reconoce el derecho de TODO PACIENTE a recibir una información real y completa, a decidir entre las alternativas disponibles así como el derecho a rechazar tratamientos e intervenciones sobre su propio cuerpo. Esta Ley de Autonomía del Paciente NO EXCEPTÚA DE LA OBLIGACIÓN DE OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE ESTÁN PARIENDO, porque no están incapacitadas judicialmente, no son menores que no puedan discernir, o no están al borde la muerte y requieran de actuación urgente, y han de tener, como todo paciente, control absoluto sobre su cuerpo, su salud, su integridad física y psíquica y por supuesto, su vida. Nuestro TS ya ha sido claro al respecto en diversas sentencias: para cualquier intervención médica que se quiera hacer sobre el cuerpo de la mujer que está pariendo, se ha de obtener su consentimiento informado como en cualquier otro supuesto médico. Consentimiento que por lo general puede ser verbal para tratamientos de poco riesgo pero que para una intervención quirúrgica, como es una cesárea, ha de constar por escrito.

Intervenir un parto discrecional e innecesariamente o inducirlo, es poner en riesgo la vida de la mujer por salvar otra vida que aún no ha adquirido la personalidad que muchos y muchas quieren otorgarle. Por mucho que humana o éticamente nos resulte complicado entenderlo, la realidad es que en muchos países es impensable aplicar la normativa de protección de menores a un no nacido pasando por encima de la salud y de la vida de la mujer. De todo esto, son conocedoras ya muchas mujeres que se informan acerca de qué supone un parto, cómo funciona, qué requiere, lo diferente que puede llegar a ser en comparación con el parto de otra mujer y de las complicaciones causadas por intervenciones médicas innecesarias, y por ello, muchas (demonizadas hasta la saciedad por medios y cierta parte de la sociedad) hacen uso de su DERECHO O PRÁCTICA RECONOCIDA OFICIALMENTE como es el parto en casa, que recordamos, siendo normal y cumpliendo con las exigencias de cuidado y manejo establecidas, es igual de seguro que un parto hospitalario, aunque no sea prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud, sino que ha de costearse de forma particular, a diferencia de otros Estados como Reino Unido o Alemania, por ejemplo, pero esto da para otro artículo.

Volviendo al tema del artículo, y por ir acabando, resumir pues, que tanto CE como Ley de Autonomía del Paciente obligan a que cualquier intervención sobre la mujer gestante o que está pariendo ha de ser informada verazmente en cuanto a su necesidad y en cuanto a riesgos, beneficios y posibles alternativas terapéuticas, y obtener siempre el CONSENTIMIENTO de la mujer bien sea verbal para algunas intervenciones, bien sea por escrito, para otras. Así mismo, respetar el absoluto y supremo derecho al rechazo de dichas intervenciones sea por la causa que sea, como si de cualquier otro paciente se tratara. Todo esto, como decía anteriormente, atendiendo a nuestra CE, nuestra normativa sanitaria interna (principalmente Ley de Autonomía del paciente) y tratados, normativas, recomendaciones e informes internacionales que vinculan a España.

Y es muy importante generar conciencia en positivo puesto que ante un riesgo real para madre o bebé, explicado con veracidad e informado de manera precisa, ninguna mujer va a dejar de prestar su consentimiento a la intervención requerida.

El consentimiento informado es el instrumento idóneo para establecer la comunicación y consensuar el tratamiento que requiere la mujer, tras ofrecerle la información necesaria. No debe confundirse con los formularios no explicados y meramente defensivos para el profesional. En los últimos años, se ha venido introduciendo en España, como ya está instaurado en otros países vecinos, el llamado Plan de Parto que antes comenté, y que todos/as los/as profesionales están obligados/as a respetar ya que, como expresa el Plan de Parto y Nacimiento y Estrategia de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 2011, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE LA MUJER PUEDE EXPRESAR SUS PREFERENCIAS, NECESIDADES, DESEOS Y EXPECTATIVAS SOBRE EL PROCESO DEL PARTO Y EL NACIMIENTO. DISPONER DE ESTA INFORMACIÓN DEBERÍA VERSE COMO UNA GRAN AYUDA PARA EL EQUIPO PROFESIONAL.

Y después de todo este artículo, espero haber aclarado un poco cuál es la razón por la que el paternalismo y el abuso de poder hacen que no se estén cumpliendo con los deberes ético-médicos, con obligaciones legales y con el derecho a la autonomía del paciente concretado en la persona de la mujer pariendo. La falta de conocimiento sobre qué sea un parto normal y cómo puede evolucionar en relación con los derechos de los pacientes, es la baza que algunos/as sanitarios/as manejan para seguir haciendo uso de su poder como prestadores de un servicio, para seguir faltando a la verdad a la hora de obtener órdenes o autorizaciones judiciales con el fin de imponer su autoridad y su criterio sobre las decisiones de las mujeres, y a la postre, para seguir actuando discrecional y arbitrariamente pasando por encima de la mujer, de su dignidad, de su intimidad, de su confidencialidad, de su salud, de su integridad física y psíquica e incluso, sobre su vida.

Mientras no exista una comunicación real entre médico-mujer y la seguridad de la misma como paciente se convierta en el eje central de la calidad asistencial a la que tiene derecho durante su parto, seguiremos primando el status sanitario intocable a la autonomía de la mujer, muy por encima de aquél sobre el papel y la ley. Mientras no entendamos que la actuación médica finaliza justo allí donde y cuando la mujer dice NO, seguiremos danzando en la misma pista en la que lo hemos hecho a lo largo de toda la Historia de la Humanidad: el patriarcado y la opresión que éste acarrea para las niñas y mujeres, mucho más acentuada en todo lo referente a sus derechos sexuales y reproductivos.

[i]. Véase https://www.ontariomidwives.ca/sites/default/files/2017-06/Postdates-pregnancy-Spanish.pdf

[ii]. Bioética de la maternidad. Humanización, comunicación y entorno sanitario. Margarita BOLADERAS CUCURELLA & Josefina GOBERNA TRICAS (coords.).  2017.

[iii]. Portal de la UNESCO

[iv] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188

 

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