El ciberdelito y  la  ciberseguridad  son  aspectos  que  difícilmente  pueden  considerarse  separados  en  un entorno  interconectado. Esto queda demostrado por el hecho de que en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2010 sobre la ciberseguridad se aborda el ciberdelito.

La erradicación del ciberdelito es un componente  básico  de  una estrategia  nacional de  ciberseguridad  y  de  protección de  la infraestructura de la información esencial. Ello incluye en particular la adopción de una legislación adecuada contra el uso indebido de las TIC con fines delictivos o de otra índole y las actividades destinadas a afectar la  integridad  de  las  infraestructuras  nacionales  esenciales.

La lucha contra el ciberdelito exige la adopción de un enfoque de amplio alcance. Puesto que las medidas técnicas  por  si solas  no  pueden evitar  ningún  delito, es indispensable  que  los  organismos  encargados  de hacer  cumplir  la  ley  estén  autorizados  para  investigar  y  penalizar  el  ciberdelito  con  eficacia.

“Es necesario regular cómo se investigan los delitos informáticos. Hay que regular la parte procesal. Y es muy importante la capacitación de los operadores, para que puedan usar estas herramientas en la investigación. No sólo de los ilícitos informáticos, sino de todos los delitos. Hay que empezar a usar eficientemente la tecnología para investigar todas las conductas delictivas. Y usarla en un marco de garantías”. Lo afirmó el docente de Derecho Penal Marcos Salt.

A cargo del Equipo de Delitos Informáticos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fiscal Dra. Dupuy afirmó: “Nos encontramos obligados a afrontar esta problemática. Los delitos informáticos no son un catálogo cerrado. Y hoy por hoy necesitamos en todas las investigaciones recolectar evidencia digital. Es una obligación estar capacitados, porque el 95 por ciento de las investigaciones tocan en algún punto las nuevas tecnologías”.

Es por tanto, necesario, profundizar los vínculos y las estrategias entre todas las fuerzas del Estado en cuanto a llevar a cabo este tipo de investigaciones. Habría, por tanto que dotar al Estado de mayor cantidad de herramientas tecnológicas. Evidentemente, hoy incluso el sector privado quizás tenga mayor capacidad que el sector público, que debería invertir en recursos para contar con estas herramientas.

En la actualidad, básicamente se tienen códigos procesales pensados para la evidencia física cuando hoy lo que se necesita son datos y evidencias informáticos. Las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías en manos de los criminales se han convertido en un gran desafío para los tribunales, que no pueden competir con la velocidad y los medios con los que dispone una ciberdelincuencia cada vez más sofisticada y globalizada. La realidad de los juzgados, en los que aún se amontonan los expedientes en papel, y una legislación pensada para la era analógica, minan la eficacia del combate de las nuevas formas de criminalidad. “Los delincuentes están en el siglo XXI y la justicia, en el XIX”.

Es muy posible que en el futuro, las investigaciones se basen más en evidencias digitales que en testigos y hoy es más importante lo que te pueda surgir como prueba de una cámara que de dos personas que posiblemente se equivocan o vieron mal.

Hay que adecuar todas las normas de la prueba para la evidencia digital, pensando que permita eficiencia en la investigación y, al mismo tiempo, que eso dé garantías para los ciudadanos.

La evidencia digital, por su naturaleza, es fácilmente manipulable. Hoy en día es técnicamente posible falsificar, desde SMS, hasta chats de Whatsapp, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales. Estos elementos se utilizan ampliamente en la acusación dentro de numerosos procesos judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales y, de no mediar impugnación de dichas pruebas mediante el correspondiente informe pericial informático, se asume la aceptación tácita de la autenticidad de dichos elementos de prueba.

La publicación en redes sociales de información de terceros es especialmente problemática, por lo volátil de los elementos de prueba. Una publicación que proceda a eliminarse una o dos horas después, ha podido ser vista y compartida luego por miles de personas.

En nuestro ordenamiento jurídico no están debidamente reconocidos ni los profesionales de la ingeniería informática que se dedican a esto, lo que provoca que alrededor del 85% de las personas que ofrecen servicios de peritaje informático y actúan en los tribunales de justicia no cuentan con titulación oficial en el ámbito de la informática. Ello pone en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos y afecta gravemente el normal desempeño de la Justicia, de la máxima gravedad.

Al hilo de lo anterior, la prueba digital está ampliamente reconocida, pero no existen criterios unánimes sobre su validez, aceptación o alcance, debido precisamente a la gran inferencia de gente inexperta en estas cuestiones, lo que está dificultando enormemente la labor de los Jueces. Cuando se trata de prueba de cargo, la evidencia digital debe ir siempre respaldada por un informe pericial, pudiendo decaer si no se aporta, lo que provoca que se archive la causa.

El problema lo tenemos más en la parte procesal, en cómo usar la evidencia digital, esa que se obtiene en entornos digitales, cuando las normas sólo están pensadas para la evidencia física. Letrados, al igual que jueces y fiscales, no tienen por qué tener conocimientos en informática forense. Bastante compleja es ya su labor. Lo que sí sería ideal que cuenten con conocimientos jurídico-técnicos en el ámbito de la valoración de la prueba, y puedan discernir claramente, qué evidencias digitales son más sólidas según qué circunstancias y qué evidencias pueden ser más dudosas o poco fiables.

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