Hace pocos días se celebró el Día Internacional de la Violencia de Género -25 de noviembre- que nos recuerda que este próximo 28 de diciembre se cumplen 12 años de la promulgación, ratificación, sanción y entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

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Este artículo tiene como objetivo realizar una crítica reflexiva sobre la legitimidad de la Ley, las modificaciones realizadas en el Código Penal y las sentencias por parte del Tribunal Constitucional sobre determinadas terminologías utilizadas dentro de la propia Ley.

Por ello, antes de empezar el análisis de la misma vamos a diferenciar entre los conceptos de violencia de género y violencia doméstica o intrafamiliar.

Se considera violencia doméstica o intrafamiliar aquella que se produce entre ascendientes, descendientes o hermanos, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre menores o incapaces que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente o que con él conviva, o sobre otra persona amparada por cualquier relación por la que se encuentren integrados en el núcleo de convivencia familiar, siempre y cuando no se trate de hechos cometidos contra la mujer por su pareja o ex pareja varón [CGPJ (2016), Guía práctica de la LO 1/2004. Madrid].

Mientras que, la violencia de género, antes de llegar a la definición legislativa que posee hoy en día, tuvo varias acepciones entre las que destacamos:

La realizada por el artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (1993): “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada” [Amnistía Internacional. Noviembre 2002.].

La Plataforma para la Acción de Beijing (1995) en su apartado 113 aclara que la expresión violencia contra las mujeres se refiere a “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad para las mujeres, ya se produzca en la vida pública o privada” [Amnistía Internacional. Noviembre 2002.].

Ambas coinciden en denominar la violencia de género como violencia sexista o violencia contra la mujer, indistintamente del sexo o género del agresor. Pero, para el CGPJ la definición de violencia de género es la violencia o las diferentes violencias inferidas por hombre contra mujeres por el mero hecho de ser mujeres y constituye manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales [CGPJ (2016), Guía práctica de la LO1/2004. Madrid.].

Atendiendo a esta diferenciación conceptual vamos a realizar una disgregación de los preceptos contenidos en la Ley que, bajo nuestro punto de vista, son inconstitucionales y discriminatorios.

Empezamos por los Arts. 1.1 y 1.3 LO 1/2004 que indican “1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Cierto es, que esta Ley se basa en dar respuesta a las diferentes recomendaciones realizadas por varios organismos internacionales –en 1998, la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer de la ONU advirtió de la importancia de introducir la perspectiva de género en todas las políticas públicas, y por supuesto, en las dirigidas a tratar la violencia contra las mujeres-; pero, realizando este gesto, comete el error de discriminar y criminalizar la figura del varón dado que no atiende a razón de que el hombre pueda ser una persona maltratada y, además, victimiza a la mujer caracterizándola como persona débil e influenciable que no sabe defenderse por sí misma. De ahí que, en el precepto inicial, inserte la idea de que el maltrato es únicamente del hombre hacia la mujer, por lo que no da cabida a las relaciones lésbicas, homosexuales y transexuales, dejando a estos colectivos desprotegidos tal y como afirma la LGBT.

Un ejemplo de lo que queda desprotegido por esta Ley y que no se protege en ninguna es la siguiente denuncia, en la que por privacidad se ha borrado el nombre del denunciante.

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Dentro del Título I Capítulo II En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación, el Art. 10 expone: De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-1988.html), se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.

Las campañas de publicidad realizadas por el Instituto de la mujer utilizan empresas de publicidad, están dirigidas fundamentalmente a mujeres víctimas de violencia, insisten en la necesidad de denunciar y son de corta duración. Si matizamos la Ley 34/1988 en su artículo 10, vemos que el carácter vejatorio o discriminatorio se da sobre la figura del hombre al ponerlo siempre como el maltratador. Y, podemos decir, que estas campañas son discriminatorias porque aún no se ha visto ninguna realizada por una mujer maltratando a un hombre, o por una pareja de lesbianas, gays o transexuales. Por lo que nos preguntamos, ¿dónde queda la igualdad en este tipo de medida de sensibilización del maltrato?

Cabe recordar la famosa campaña publicitaria “Tolerancia Cero” en la que se utiliza la imagen de un hombre, una mujer y un bebé para exponer que la violencia de género única y exclusivamente puede ser del hombre hacia la mujer, cuando la realidad –como hemos dicho anteriormente- es distinta, y cada vez aumenta más el número de hombres maltratados y/o asesinados a manos de sus parejas. Y, en casos de divorcios, la mujer suele utilizar a los hijos como forma de maltrato psicológico para conseguir lo que pretende, independientemente del beneficio del menor.

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Adjuntamos otro ejemplo, del mismo procedimiento judicial en el que se relata la manipulación a la que se ha debido someter el hombre por parte de su mujer:

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Y, el Art. 13 indica: Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing (1995) se confirmó que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que se sitúan por encima de diferencias culturales o tradiciones. Siguiendo estas bases, nosotros nos preguntamos si los derechos de las mujeres son derechos humanos y, por lo tanto, fundamentales ¿dónde quedan los derechos humanos de los hombres?

La legislación actual se ha cargado el principio de la presunción de inocencia en verso al hombre, tal y como ha afirmado Antonia Carrasco –presidenta de GenMad, asociación nacional más activa contra las políticas excluyentes basadas en la Teoría de Género- en una entrevista concedida el 24 de noviembre de 2016 a Juan Bosco Martín Algarra.

Continuando con el Título I Capítulo III En el ámbito sanitario el Art. 15 define en sus puntos 1 y 2 lo siguiente: 1) Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. 2) En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere esta Ley.

Reiteramos lo comentado, no contempla al hombre como posible víctima de malos tratos y por lo tanto no se establecen protocolos de actuación para estos casos.

Os ponemos otro párrafo de la denuncia, donde se explican los malos tratos sufridos por parte de su mujer, que fueron considerados como riña casera y no maltrato, aunque se admitiese la denuncia a trámite.