La participación ciudadana en la Administración de Justicia viene recogida en los artículos 23.1 y 125 de la Constitución Española de 1978. El Sistema de Jurado está basado en unos determinados principios (representatividad, competencia y objetividad de cada uno de los miembros que lo conforma), mediante los cuales se justifica el papel que tienen en este aspecto los ciudadanos, dado que los delitos son hechos que repercuten en la sociedad. Este aspecto presupone que tienen la capacidad de pronunciarse sobre unos acontecimientos que les son presentados y que además pueden cumplir con una serie de criterios de decisión que les permitan emitir un fallo justo en función de los hechos delictivos objeto del proceso.

En los años 70, este sistema se convirtió en un tema clásico de estudio en la Psicología Jurídica estadounidense, mientras que en España la investigación sobre ello no comenzó hasta finales de los años 80. Ha sido especialmente un área de la perspectiva psicosocial, ya que desde el inicio se ponen de manifiesto procesos como la percepción social, los esquemas cognitivos, los estereotipos, los prejuicios o los procesos de decisión en grupo, entre otros.

Encontramos diferentes tipos de Jurados:

  • Modelo puro: está compuesto por ciudadanos legos en Derecho, los cuales deciden un veredicto y posteriormente un Juez es quien dicta sentencia. Este es el caso de España.
  • Modelo escabinado: está compuesto por jueces y ciudadanos legos en Derecho. En conjunto deciden tanto el veredicto como la sentencia.
  • Modelo mixto: los ciudadanos legos en derecho, es decir, el Jurado, emite el veredicto y en caso de determinar la culpabilidad del acusado, el Juez y el Jurado dictan la sentencia.

En España, el Jurado se ha establecido y suprimido de manera intermitente en función del momento histórico, hasta que finalmente en 1995 se aprobó la Ley del Jurado, celebrándose el primer juicio con este sistema el 27 de mayo de 1996 en Valencia.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, establece sus competencias, determinando la siguiente lista de preceptos del Código Penal en los que pueden participar, quedando excluidos aquellos delitos cuyo enjuiciamiento esté atribuido a la Audiencia Nacional:

  1. a) Del homicidio (artículos 138 a 140).
  2. b) De las amenazas (artículo 169.1.º).
  3. c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).
  4. d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).
  5. e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).
  6. f) Del cohecho (artículos 419 a 426).
  7. g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).
  8. h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).
  9. i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)
  10. j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).
  11. k) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471).

Este Tribunal está compuesto por nueve jurados y un Magistrado – Presidente de la Audiencia provincial, tal y como se determina en el artículo 2 de dicha Ley.

Entre las funciones que tiene el Jurado se encuentra emitir un veredicto de culpabilidad o no del acusado por su participación en los hechos delictivos que el Magistrado – Presidente hubiera admitido y motivar o fundamentar su valoración.

Una vez explicadas las bases del Sistema del Jurado, pueden surgir varias cuestiones.

En primer lugar, en cuanto a los delitos en los cuales tiene cabida este tipo de Tribunal. El asesinato, que sería un tipo agravado de la tipología delictiva del homicidio, recogido en el artículo 139 del Código Penal español, se trata de un hecho de suma gravedad, que puede ser castigado con pena de prisión de quince a veinticinco años.

Por una parte, se podría plantear que la valoración del Tribunal del Jurado pudiera ser más objetiva dado que juzgan el hecho sin una predisposición de conocimiento previo sobre acontecimientos similares. Sin embargo, existen casos en los que la determinación de culpabilidad o no culpabilidad es más compleja y dejarlo en manos de una persona sin formación puede arrojar resultados no satisfactorios para el proceso.

Por otro lado, se podría plantear la complicación en relación a determinadas tipologías delictivas, como por ejemplo el cohecho, un delito recogido en el título XIX del Código Penal español sobre delitos contra la Administración Pública. Se trata de un tipo de delito complejo en el que deben concurrir una serie de características concretas.

Esta tipología en concreto, al igual que otras, tienen matices jurídicos que una persona sin conocimientos sobre ello probablemente no conozca. ¿Es por tanto acertado que emitan un juicio de valor que pueda tener como consecuencia la privación de libertad del acusado?

Aunque bien es cierto que en España el Tribunal del Jurado no entra a valorar la calificación jurídica de los hechos objeto del proceso penal, sino que interviene determinando si los hechos tuvieron o no lugar y si el acusado es o no culpable de los mismos, la complejidad de determinados casos puede dar lugar a veredictos no ajustados a la realidad de lo sucedido.

El veredicto emitido por dicho Tribunal es vinculante a la sentencia que posteriormente emitirá el Magistrado – Presidente, de manera que este último deberá determinar la pena a imponer en función de lo que se encuentre tipificado en el Código Penal, es decir, dota de revestimiento jurídico al veredicto previamente manifestado por el Jurado.

Una vez finalizada la fase de Juicio oral, el Jurado se retira a deliberar. El tipo de consenso exigido influye en la dinámica de la deliberación. En este punto entran en juego la conformidad social y la toma de decisiones grupales, con la consiguiente influencia en la decisión y percepción individual.

En España, antes de la deliberación, el Jurado tiene un presidente que es el primero que salió en el sorteo. Muchas veces es elegido como portavoz, aunque no tiene por qué ser así. Se encarga de guiar las votaciones sobre los hechos y sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, requerir a cada miembro del jurado su voto, redactar el acta de votación y leer el veredicto en audiencia pública. Sus intervenciones tienen gran influencia en el resto de integrantes del Jurado, pues es percibido por los demás como una figura de “autoridad”, y por tanto los comentarios que haga en el proceso de deliberación suelen influir mucho en la decisión final del resto de los miembros.

En el caso español, se necesitan 5 votos para determinar la inocencia y 7 para determinar la culpabilidad. Aunque en teoría, la valoración que hacen los integrantes del Jurado sobre el caso depende de las pruebas presentadas en el juicio, la realidad es que hay un amplio espectro de variables que pueden influir.

Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, ¿es el Tribunal del Jurado un sistema acertado para intervenir en los juicios orales y emitir veredictos que determinen el futuro de los sujetos acusados? ¿Tienen capacidad como para dejar de lado las influencias sociales, los estereotipos o los prejuicios y ceñirse a valorar única y exclusivamente las pruebas presentadas?

Existe una generalizada desconfianza hacia esta institución, prefiriendo normalmente los juicios sin Tribunal del Jurado. En parte puede venir dada por ese desconocimiento jurídico y técnico sobre los procesos penales, pero también considero que influye la percepción de influencia social que ejercen los medios de comunicación y las opiniones anticipadas sobre determinadas tipologías delictivas, estereotipos victimarios y casos en concreto.

El linchamiento social que se produce en muchas ocasiones como consecuencia de la excesiva exposición mediática crea en los integrantes del Jurado cierta coacción e incluso me atrevería a decir que intimidación en relación al veredicto. Además, hay que tener en cuenta que dado que son ciudadanos de a pie que no están acostumbrados a este tipo de situaciones, no suelen tener los recursos necesarios para gestionar estos aspectos, lo cual es muy probable que incline sus decisiones y argumentos hacia un veredicto socialmente esperado más que hacia una resolución objetiva e imparcial, resultando un proceso viciado.

Aunque se defiende que este tipo de Institución dota de mayores garantías procesales al acusado y al proceso, considero que en el fondo genera una percepción de inseguridad y desconfianza en los operadores jurídicos y en el proceso penal en sí mismo. La influencia de los juicios paralelos ocasionados por la abrumadora y anticipada exposición de los casos a través de los medios de comunicación, la presión de emitir y motivar un veredicto “justo” del cual depende el futuro de una persona y el desconocimiento en cuanto al proceso, supone que en muchas ocasiones se ponga en cuestionamiento la imparcialidad de los Tribunales del Jurado así como su capacidad de emitir un veredicto justo y acorde a la realidad de los hechos.

 

> BIBLIOGRAFÍA

España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, número 311.

España. Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Boletín Oficial del Estado. 23 de mayo de 1995, número 122.

España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado. 24 de mayo de 1996, número 281.

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Ainara Jimenez
Graduada en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid (2019) y actual estudiante de Máster de alta especialización en Perfilación Criminal y Psicología Forense por la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Mención de Honor en Derecho Penal, Psiquiatría Criminal y Forense y Humanismo Dinámico. Trabajo de Fin de Grado sobre prevención de la participación de jóvenes en pandillas, factores de riesgo, factores de protección y programas de prevención e intervención. Recibimiento de placa insignia según el Reglamento de Honores y Distinciones Honoríficas del Cuerpo de Policía Local de Venturada, Madrid (B.O.C.M Nº.108.07/05/2019) por la implicación en la prevención de conductas juveniles de riesgo.

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