En estos tiempos difíciles de la pandemia provocada por el Covid-19 hemos podido encontrar muchos titulares en los medios de comunicación (cosa nada habitual, por cierto), sobre la seguridad privada y las actuaciones de los vigilantes de seguridad en ella.

Esas noticias, han sido dispares: desde la importancia que ha tenido este personal en instalaciones como hospitales, medios de transporte, supermercados o centros logísticos, hasta la reducción de servicios que ha propiciado la situación, como por ejemplo los aeropuertos, actuaciones, no siempre afortunadas, ante personas que no respetaban medidas de seguridad como el uso de la mascarilla o cómo va a verse afectado el sector en el futuro inmediato.

Pero de todas esas noticias me gustaría comentar al menos tres, por la relevancia que creo que tienen.

La primera de ellas es si los vigilantes de seguridad pueden, en los establecimientos donde prestan servicio, realizar tomas de temperatura en los accesos.

http://www.fesmcmadrid.org/es/actualidad/covid-19-ugt-consulta-a-la-unidad-central-de-seguridad-privada-la-legalidad-del-uso-de-termometros-por-parte-de-vigilantes-de-seguridad-id-4019.html

Al respecto, tanto la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, como la Unidad de Seguridad Privada de la Policía de la Generalidad de Cataluña, han afirmado en sendos informes la legalidad de esta medida, básicamente amparándose en el artículo 32.1 de la Ley 5/2014, de seguridad privada, que establece que corresponde a los vigilantes de seguridad, entre otras, “ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.”

Recuerda el informe del cuerpo policial nacional que “el sometimiento a controles de acceso a un establecimiento público o privado, será de obligado cumplimiento si así se establece por los responsables del mismo”, cosa que incluso en el futuro es probable que se pida por escrito (el borrador presentado para el futuro Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada así lo establece) porque es de aplastante lógica. Además, se encuadra esta medida en el mismo rango que el uso de otros medios técnicos, tales como arcos detectores, detectores manuales de metales, etc. Se alude a que la medida debería controlarse por el Director o bien, si no existiese departamento de seguridad, por el Jefe de seguridad de la empresa prestataria del servicio de vigilancia. Un último detalle tiene importancia, y es que para establecer los parámetros de temperatura, se deberá consultar a los servicios médicos de la empresa o a la autoridad medica competente.

Esta cuestión da pie a enlazar con otra problemática, la de la protección de datos de carácter personal. La Agencia Española de Protección de Datos ha tenido una actitud muy activa durante estos meses en estas cuestiones, y a este respecto señala dos cosas a tener en cuenta; la primera es la idoneidad del termómetro para la finalidad pretendida, ya que una temperatura superior a la normal no tiene por qué ser sinónimo de portar el virus y, por otro lado, el hecho de que el usuario que accede tenga una temperatura normal no implica que no sea portador , sintomático después o simplemente asintomático.

Sobre esa cuestión deberíamos reflexionar todos. La otra es que esa acción de la toma de temperatura, señala la Agencia que debería realizarse por personal médico. Como en tantas ocasiones, tenemos dos organismos diferentes de la Administración que entran en contradicción. Mi opinión es que, no incidiendo esta acción en el tratamiento de datos personales de forma diferente de otras que realizan, con la debida formación, atendiendo al criterio de temperatura recomendado por el personal médico o establecido por las autoridades y conforme a los preceptos legales de la normativa de seguridad privada citados, se debería poder realizar por este personal sin mayores problemas, debiendo, además, prevalecer la seguridad de trabajadores como recoge por cierto la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y del resto de usuarios. Por tanto debemos atender más que al personal que lo realiza, a la eficacia de la medida, como señalábamos más arriba. En estos momentos estamos a la espera de que se pronuncie sobre una consulta que se le ha hecho al respecto de este asunto al Ministerio de Sanidad.

Otra de las cuestiones más controvertidas hace referencia a la figura establecida por algunas Comunidades Autónomas para la supervisión del acceso a las playas y de las medidas de seguridad en relación al Corona virus.

Todo el sector de la seguridad privada, vigilantes por un lado al creer que existe intrusismo profesional, y empresas por otro, al no facturar este pastel, han puesto el grito en el cielo.

A mí, la cuestión no me parece desquiciante, sino sólo desafortunada. Me explicaré.

Antes de rasgarse las vestiduras, lo que me pareció al escuchar la noticia es que, para saber si existía una invasión de las competencias que la normativa de seguridad privada otorga a los vigilantes de seguridad, habría simplemente que mirar las funciones que las diferentes normas autonómicas atribuirán a estas figuras. Sin conocer en detalle todas ellas, me parece que funciones de información, de control de aforos, de verificación del cumplimiento de las medidas impuestas por la administración y, en caso de incumplimiento de las mismas, aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no son, en ningún caso exclusivas del personal de seguridad privada, y por tanto no existe inconveniente en que sean realizadas por este personal; en este sentido se ha pronunciado ya ante una consulta la Unidad Central de Seguridad Privada y, no puedo estar más de acuerdo con ellos, para variar. Supongo que el asunto acabará llegando a los tribunales y estos no tardarán en pronunciarse al respecto. Básicamente creo que la confusión nace al denominarse a estas figuras como “vigilantes”.

Otra cosa diferente es que, como ciudadanos que pagamos los impuestos en esas comunidades autónomas, consideremos que para realizar esas funciones el personal de seguridad está mucho más preparado (a los nuevos hay que formarles y en algunos casos hacen tan sólo un curso on line de 20 horas, como en Andalucía) y en muchas más materias (primeros auxilios, etc.). Además, los vigilantes de seguridad privada en el ámbito de su servicio tienen atribuciones legales que hacen que puedan llegar más lejos que este personal (denegación de accesos en el control, uso de defensa y grilletes…). Por último, posiblemente no siendo una contratación directa y aunque exista la empresa de seguridad, saldrían incluso más baratos (la formación recae en la empresa, las bajas las cubre también, despidos etc. no son un problema) a tenor del sueldo que van a cobrar estos trabajadores, que oscilará entre los 1.800 y los 1.900 € mensuales según comunidades; si alguien con 20 horas de formación on line cobra 1.900 €, ¿cuánto tiene que cobrar un vigilante con entre 180 y 340 horas de formación genérica, además de formaciones específicas y formación permanente anual con infinitas más responsabilidades?

La última de las cuestiones a comentar es casi una de las primeras cronológicamente: si el personal de seguridad privada tendría la protección jurídica de agente de la autoridad con la vigencia del Decreto por el que se declaró el estado de alarma.

Muchos entendieron que así era al publicarse la citada norma, pero si vamos al articulado concreto sólo encontramos el artículo 5.5: “El Ministro del Interior podrá dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones que considere necesarias a todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada”. Es decir, no aparece en la norma nada en ese sentido, salvo establecer que si el Ministro del Interior dicta una orden, al hacerla cumplir el personal de seguridad privada sí tendría esa protección a tenor de lo que establece con carácter general el artículo 31 de la Ley 5/2014, de seguridad privada.

El propio Real Decreto 463/2020  en su disposición adicional quinta establece específicamente el carácter de agente de la autoridad (y este es pleno, no sólo protección jurídica) de los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real decreto, no especificándose nada en absoluto para el personal de seguridad privada.

Así que, como conclusión de estas reflexiones, más de lo mismo en torno a la figura de los vigilantes de seguridad privada: labor encomiable del personal en primera línea, casi nula protección jurídica, diversidad de criterios en organismos de la Administración que provocan inseguridad jurídica y figuras o colectivos que surgen de la nada con condiciones que nuestros héroes olvidados de la seguridad privada jamás podrán soñar.

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