ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, CANADA – SEPTEMBER 23, 2017. Seats of the jury box in courtroom number 1 at the Supreme Court, taken on september 23, 2017 in St. John’s .

INTRODUCCIÓN

Declarar en un procedimiento judicial es una experiencia, cuanto menos, evitable para el ciudadano de a pie. Que su Señoría pregunte por las generales de la ley (recogidas en el artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y advierta del posible delito de falso testimonio (cuya regulación se recoge en el artículo 458 del Código Penal) puede provocar el nerviosismo de la mayoría de testigos.

Ambos artículos anteriormente mencionados de seguro merecerían sus propios posts en el Blog, pero el tema del presente post es la dispensa al deber de declarar recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo contiene una dispensa, cuya definición según el Diccionario panhispánico del español jurídico es: “acto emanado de la autoridad competente que permite la no aplicación de un deber legal en un caso particular en atención a una causa justa”. En este caso, la dispensa produce la no obligatoriedad del deber de declarar: el testigo puede elegir hacerlo o no, y si lo hace, tendrá obligación de verdad.

La no obligatoriedad ya venía indicada desde 1978, cuando el artículo 24.2 in fine de la Constitución Española expone que “La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

El artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece lo siguiente:

“Están dispensados de la obligación de declarar:

  1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261. 

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia.”

De una primera lectura podemos extraer quiénes son dispensados de esta obligación, pudiendo elegir si hacerlo o no:

  • Parientes del procesado en línea ascendiente, ello es, abuelos, bisabuelos, etc.
  • Parientes del procesado en línea descendiente, ello es, hijos, nietos, bisnietos, etc.
  • Cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial.
  • Hermanos consanguíneos o uterinos y colaterales hasta el segundo grado.
  • Los recogidos en el artículo 261.3 LECRIM (lo que no tiene sentido, por cuanto que la redacción vigente solo tiene dos apartados).

 

EL PROBLEMA DE LA VÍCTIMA-TESTIGO: 2013-2018

Ahora que conocemos el régimen jurídico de la dispensa de familiares del acusado, nos adentramos en la siguiente problemática: ¿y qué pasa cuando la víctima del delito presuntamente cometido por el acusado es un familiar de los recogidos en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

El problema no tiene fácil solución. Y se complica aun más cuando la víctima se constituye como acusación particular, ello es, que tiene su propio letrado que le asiste y defiende en el procedimiento penal correspondiente.

El Tribunal Supremo se pronunciaría sobre esta cuestión a través del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013, que establecía que:

“La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 LECRIM alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se exceptúan:

  1. a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto.
  2. b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso.”

¿Quedaba zanjada la cuestión? Bueno, podría parecer que sí. Sí, hasta que entonces la víctima personada como acusación podía retirarse del mismo y, a continuación, acogerse a la dispensa: en ese momento ya no se encuentra en el procedimiento como acusación, en los términos del Acuerdo de 24 de abril de 2013, y por lo tanto, podía acogerse a la dispensa.

Existieron distintas SSTS durante los años en que se mantuvo este Acuerdo del Tribunal Supremo para seguir dándole vueltas a la figura de la dispensa. Fundamental citar la STS 449/2015, de 14 de julio. En el fundamento jurídico tercero, el Tribunal rebate el segundo de los motivos del recurso, en cuanto a que no debía tenerse en cuenta la declaración de la víctima, pues no le fue instruido su derecho a no declarar.  El recurrente requirió fuese eliminada su declaración del acervo probatorio y, tras ello, y ante el vacío probatorio, la absolución.

En este asunto, la víctima se mantuvo como acusación particular durante la tramitación del procedimiento, obrando peticiones de la misma durante la fase de instrucción, y existiendo resoluciones judiciales a peticiones de dicha acusación particular que la víctima regentaba. La víctima retiró su acusación particular un año más tarde, y convirtiéndose, según expone el Tribunal, en persona exenta de la obligación de declarar, en virtud del citado Acuerdo. Así, y aunque renunció, no fue informada fehacientemente de la posibilidad de dispensa durante el procedimiento. Su declaración fue tenida en cuenta y el recurrente condenado; como había ejercido la acusación particular, no había de ser instruida, algo que no se estimó.

En otro modo, cabría que una persona pudiera alternar los dos status (el de acusación y el de testigo). La clave en este aspecto reside en lo siguiente: el Tribunal Supremo, de este modo, entiende que se produce una renuncia tácita de la víctima a la dispensa por haber ejercido la acusación contra aquel que la agredió, inclusive el momento en el cual la misma decida suspender y retirarse de tal acusación. Es de lógico entendimiento: de no ser así, sería la víctima quien tendría en su poder el devenir de las actuaciones procesales.

Lawyers bench with books in a courtroom

 

EL ACUERDO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018

Sin embargo, este sería el posicionamiento de la Sala Segunda del Alto Tribunal hasta la adopción del Acuerdo de Pleno no jurisdiccional del 23 de enero de 2018. En él se debatía sobre el alcance temporal de la dispensa. Exponía que:

“Asunto: Alcance de la dispensa del artículo 416 LECRIM.

 Acuerdo:

1.- El acogimiento, en el momento del juicio oral, a la dispensa del deber de declarar establecida en el artículo 416 de la LECRIM, impide rescatar o valorar anteriores declaraciones del familiar-testigo aunque se hubieran efectuado con contradicción o se hubiesen efectuado con el carácter de prueba preconstituida.

2.- No queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa (416 LECRIM) quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en esa condición.”

Presenciamos así un cambio de ciento ochenta grados, por cuanto que el Tribunal Supremo había expuesto que personarse era perder esa posibilidad. Con este acuerdo, se entiende que la dispensa de la obligación de declarar de la víctima-pariente existe según si está personada o no.

Volvemos a la pregunta anterior: ¿quedaba zanjada la cuestión? Pues parece que no. Podríamos volver a citar jurisprudencia, pero mucho más útil es la lectura de la STS 389/2020, de 10 de julio.

 

EL ÚLTIMO CAMBIO JURISPRUDENCIAL EN LA MATERIA

La STS 389/2020, de 10 de julio, vuelve a girar ciento ochenta grados: la víctima constituida en acusación particular en un proceso judicial no recupera el derecho a la dispensa si renuncia.

Lo hace por cuanto que considera que de este modo protege a las víctimas, inter alia, las de violencia de género frente a posibles coacciones de sus agresores para que no declaren contra ellos después de haberles denunciado. El Fundamento Jurídico undécimo de la resolución establece seis razones distintas que justifican el cambio de postura:

  • En primer lugar, por la incompatibilidad entre la dispensa y la posición de denunciante, máxime en violencia de género. En algunos delitos, es imprescindible la contribución procesal para que pueda activarse el proceso, y por ello, que la denunciante pueda abstenerse de declarar, sería como dejar sin sentido la denuncia inicial.
  • En segundo lugar, porque constituirse como acusación particular refiere no ostentar la facultad de la dispensa. Ello lo expresaba la STS 449/2015, de 14 de julio.
  • En tercer lugar, porque cuando la víctima decide denunciar (no teniendo obligación, ex 261.1 LECRIM), es porque ya no es posible que exista colisión entre el deber de declarar y las consecuencias de los vínculos que unen a agresor y víctima.
  • En cuarto lugar, porque así no puede coaccionarse al testigo víctima en su actuación posterior al prestar testimonio para que se acoja a su dispensa.
  • En quinto lugar, porque mantener lo contrario y acogerse, o no, a la dispensa, a voluntad de la persona concernida, permitiría aceptar sucesivamente y de forma indefinida la posibilidad de que una misma persona, pudiera tener uno u otro status, a expensas de su voluntad.
  • Y en sexto y último lugar, porque siendo la dispensa una excepción, debe ser interpretada restrictivamente.

 

CONCLUSIONES

Se acabaron los procedimientos en los que la víctima se retira del procedimiento y se acogía a su derecho a no declarar desde el dictado de esta sentencia. Pero dar por resuelto el problema podría ser contraproducente: no puede descartarse que la evolución de la nueva línea jurisprudencial sea negativa, sobre todo en una materia tan sensible y tan común en el día a día judicial.

LEGISLACIÓN EMPLEADA

 

JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS MENCIONADOS

 

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