No son pocos los supuestos de hecho en los que se sentencia condenatoriamente a acusados sobre los que ya recaían otras condenas. En estos supuestos, juega un papel importante la reincidencia, de cara a agravar las penas que son impuestas.

 

 

La reincidencia en el Derecho penal español se regula en el apartado octavo del artículo 22 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo donde se recogen las circunstancias agravantes. Se recoge en tal apartado que hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.

También se expone que a los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves, así como que las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.

 

> LA APLICACIÓN DE LA AGRAVANTE

Para poder comprender la aplicación de esta agravante, debemos remontarnos al artículo 66 del Código Penal. El mismo recoge dos posibles aplicaciones de la agravante genérica de reincidencia: el caso del apartado tercero y del apartado quinto. Mientras que el artículo 66.1.3 del Código Penal establece que cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito, el artículo 66.1.5 del Código Penal prevé penas que llegarían hasta la pena superior en grado. La redacción es la siguiente:

“Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo”.

De tal redacción, podemos observar dos cuestiones: que la aplicación sería potestativa (“podrán”), y que tendrán que estudiarse distintas cuestiones.

No es la única forma en la que se aplica esta circunstancia: también encontramos la reincidencia como agravante específica en el hurto y robo (artículo 235.1.7 del Código Penal).

Un aspecto que se encuentra íntimamente ligado a la reincidencia es la cancelación de los antecedentes penales. El artículo 136 del Código Penal regula el derecho de los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales. Los mismos se cancelan al transcurrir sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

  1. Seis meses para las penas leves.
  2. Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
  3. Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
  4. Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
  5. Diez años para las penas graves.

Estos plazos se cuentan (artículo 136.2 del Código Penal) desde el día siguiente a la extinción de la pena, o el día siguiente al otorgamiento de la suspensión (para casos de remisión condicional). En cuanto a las personas jurídicas, se cancelarán de igual manera, salvo para los casos de disolución o prohibición definitiva, en cuyo caso se cancelarán las anotaciones tras 50 años transcurridos desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

Todos estos antecedentes son anotados en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes, que está regulado en el Capítulo III del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Este Registro cumple la función de fiscalizar las condenas y permite realmente la aplicación de las agravantes, emitiendo hojas histórico-penales para los distintos procedimientos, dando fe de los delitos objeto de condena de los acusados.

 

> ASPECTOS PROCESALES

Pero todo lo que hemos expuesto hasta ahora necesita de un apunte esencial durante la tramitación del proceso penal y que en ocasiones, puede dar lugar a la no aplicación de la agravante, pese a que podría haber sido completamente factible.

La jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha reiterado –en múltiples ocasiones– que para apreciar la reincidencia “se requiere que consten en el factum la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas, y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato no será necesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual”. Ello por cuanto que si no constan tales datos, deberá hacerse un cómputo del plazo favorable al reo. (SSTS 4/2013, de 22 de enero, 313/2013, de 23 de abril, 547/2014, de 4 de julio, 630/2014, de 30 de septiembre, 521/2016, de 16 de junio, 857/2016, de 11 de noviembre, 538/2017, de 11 de julio o 169/2018, de 11 de abril).

En la última de las sentencias citadas, la STS 169/2018, de 11 de abril, encontramos un caso en el que se apreció la agravante de reincidencia sobre unos antecedentes que debían haber sido cancelados. Así, en su Fundamento Jurídico tercero, apartado segundo, se recogieron distintas cuestiones fácticas relativas a los antecedentes, que hicieron suponer al Tribunal Supremo, aplicando la doctrina expuesta en el párrafo anterior, que los antecedentes eran cancelables.

> CONCLUSIONES

Como conclusión, debe estudiarse no sólo la cuantía de plazos de cancelación o que el delito sea posible tenerlo en cuenta para la apreciación de la agravante, sino también la inclusión en el procedimiento y en la resolución de los datos que la jurisprudencia del Alto Tribunal ha venido exigiendo para apreciarla:

  • Fecha de la sentencia condenatoria
  • Delito por el que se dictó
  • Pena o penas impuestas
  • Fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguida.

 

NORMATIVA EMPLEADA

 

JURISPRUDENCIA EMPLEADA

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