¿Una empresa puede ser responsable de un delito? ¿Desde siempre? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se regula? Estas pueden ser algunas de las preguntas que a uno se le viene a la mente cuando se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas. Al tratarse de un tema, muchas veces, confuso, resulta de utilidad establecer unos aspectos clave respecto a este tipo de responsabilidad penal.

Hasta el año 2010, las personas jurídicas eran irresponsables de los delitos que se cometían en su nombre o por sus trabajadores. Sin embargo, con la reforma del Código Penal por medio de la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas quedan sujetas a la responsabilidad penal en virtud del artículo 31 del Código Penal. Conforme a dicho artículo, se crea una doble vía por medio de la cual estas personas pueden ser penalmente responsables.

Por un lado, la sociedad será penalmente responsable cuando los delitos se cometan en su nombre o por su cuenta y, además, en beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales y administradores, ya sean de hecho o de derecho.

Por otro lado, la segunda vía para penalizar a las personas jurídicas es por los delitos cometidos por los trabajadores de la empresa. Sin embargo, no será en todos los supuestos, sino únicamente cuando se hayan llevado a cabo actividades sociales y por cuenta y beneficio directo o indirecto de la sociedad, sin existir o sin haber aplicado el control debido.

En aquellos delitos en los que se aprecie la comisión de un delito, por cualquiera de las dos vías, se procederá a la imposición de la correspondiente sanción. Es importante resaltar que cualquier delito cometido por una persona jurídica tiene la consideración de graves y, conforme a ello, el Código Penal en su artículo 33.7 establece las posibles penas aplicables. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la disolución de la persona jurídica, la imposición de multas por cuotas o proporcional, la inhabilitación para la obtención de ayudas o subvenciones o la intervención judicial.

Los delitos por los que una persona jurídica puede ser acusada atienden a un sistema de numerus clausus, esto es, los delitos que pueden ser aplicados están expresamente previstos por la ley. Entre ellos se pueden destacar algunos de los más conocidos dentro del panorama empresarial español, como son:

  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado, los consumidores y la corrupción entre particulares (artículo 288.1 en relación con los artículos 270 a 286 bis del Código Penal).
  • Blanqueo de capitales (artículo 302.2 del Código Penal).
  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social (artículo 310bis del Código Penal).
  • Tráfico de influencias (artículo 430 del Código Penal).

A pesar de no haber nombrado la totalidad de los delitos existentes, se puede apreciar que predominan los delitos socioeconómicos frente a cualquier otro tipo de delito. Además, se cuestiona la existencia de delitos propios a la realidad de la persona jurídica, encontrado únicamente regulado como delito las infracciones contra trabajadores y en materia de seguridad en el trabajo.

Para evitar que una persona jurídica sea juzgada penalmente, se debe llevar a cabo un control estricto. Este control exige la existencia de un sistema de detección y prevención de delitos en el seno de la empresa. En este sistema se deben identificar las actividades en cuyo ámbito se pueden producir delitos para prevenirlos, asignado protocolos de detección y recursos financieros para impedir su comisión. Este modelo de control toma el nombre compliance en el mundo anglosajón.

Una vez conocida la existencia de responsabilidad penal de las empresas, el tipo de penas que se imponen y los delitos por los que se le puede acusar, es importante saber que no todas las personas jurídicas pueden ser responsables. El artículo 31 bis del Código Penal recoge los casos en los que se exceptúa la responsabilidad y son: el Estado, las Administraciones Públicas e institucionales, los Organismos reguladores, las organizaciones internacionales de Derecho público y aquellas que ejerzan potestades públicas. Entre ellas se encontraban en un principio los partidos políticos y sindicatos, sin embargo, por medio de la reforma del Código Penal por medio de la Ley Orgánica 7/2012, estas personas jurídicas si pueden ser responsables.

Los motivos por los que se excluyen a esta serie de personas jurídicas son, principalmente, por su relevancia constitucional y de las funciones públicas. Además, el sometimiento al imperio de la Ley en su funcionamiento les produce una falta de capacidad de autoorganización que impide imponer responsabilidad penal.

En definitiva, la responsabilidad penal de la empresa, a pesar de tener su origen en una decisión de la Unisón Europea, ha dado lugar al desarrollo de una normativa de aplicación que se extiende a todos los ámbitos de la persona jurídica. Sin embargo, la evolución de la sociedad y del panorama socioeconómico va a tener como consecuencia la necesidad de desarrollar la normativa de forma paralela para su efectividad.

Bibliografía

Arroyo Zapatero, L.; Berdugo Gómez de la Torre, I. y otros (2016). Curso de Derecho penal. Parte general. Barcelona: Ediciones Experiencia.

De la Cuesta Arzamendi, J. L. (2014). Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Barcelona: Editorial Aranzadi.

Muñoz Conde, F. (2017). Derecho Penal Parte Especial. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

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